El primer juicio contra la exdirigente birmana Aung San Suu Kyi, derrocada por un golpe de Estado el pasado 1 de febrero, empieza este lunes, en un proceso que los observadores han tildado de "espectáculo únicamente motivado por razonas políticas". Un tribunal, bajo fuertes medidas de seguridad, fue especialmente creado para ello en la capital, Naipyidó, construida en medio de la jungla en los años 1990 por el antiguo régimen militar.
Detenida el 1 de febrero y en arresto domiciliario desde entonces, la premio Nobel de la Paz 1991, "en buen estado de salud", según sus abogados, pese a las semanas de aislamiento, debe hacer frente a múltiples y variopintos procesos judiciales. Este lunes, se le juzga por importación ilegal de walkie-talkies, irrespeto a las restricciones anticovid y violación de una ley sobre telecomunicaciones.
El tribunal escuchará los testimonios de la acusación, pero "Aung San Suu Kyi no declarará hoy", precisó a la agencia de noticias AFP uno de sus abogados, Khin Maung Zaw. En un segundo proceso, comparecerá a partir del martes por sedición, junto al expresidente de la república Win Myint.
La exjefa de facto del Gobierno, de 75 años, también está inculpada por haber infringido una ley sobre secretos de Estado de la época colonial y por corrupción, acusada de haber recibido medio millón de dólares y una decena de kilos de oro en sobornos. Pero por el momento, no se ha comunicado ninguna fecha para estos dos procesos, cuyas acusaciones acarrean las peores penas.
En esta misma jornada, las autoridades birmanas liberaron al periodista estadounidense Nathan Maung, editor jefe de Kamayut Media, quien fue detenido el pasado marzo por la junta militar. Maung fue puesto en libertad después de que las acusaciones en su contra fueran retiradas por la Policía y está previsto que sea repatriado este martes, indicó su representante legal, Tin Zar O, al medio Myanmar Now.
El reportero estadounidense fue detenido junto con Hanthar Nyein, cofundador de Kamayut Media, y aún en prisión, al igual que otros periodistas como el estadounidense Danny Fenster, cuarto reportero extranjero detenido por la junta militar desde el golpe de Estado, arrestado el 24 de mayo, a punto de tomar un avión en el aeropuerto internacional de Rangún.
Más de 80 periodistas han sido detenidos desde el golpe de Estado que acabó con el Gobierno democrático, liderado por Aung San Suu Kyi, de los cuales más de 40 permanecen en prisión, según datos de la Asociación para la Asistencia de Presos Políticos de Birmania (AAPP). La junta militar también ha emitido ordenes de arresto contra otros 22 reporteros, incluido el colaborador de la agencia española de noticias Efe Mratt Kyaw Thu, en proceso de pedir asilo en España tras huir de Birmania.
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Entretanto, la junta militar de Birmania acusó también este lunes de "falta de imparcialidad" a la alta comisionada de las ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, por un comunicado sobre la "catástrofe" humanitaria en el país.
Por su parte, el ministerio birmano de Asuntos Exteriores "rechaza categóricamente" las declaraciones de Bachelet por su "falta de veracidad e imparcialidad", publica este lunes el diario oficialista The Global New Light of Myanmar. Y sostiene que el Ejército "desempeña sus funciones para garantizar la seguridad de personas inocentes, la aplicación de la ley y el estado de derecho dentro del marco legal existente", aunque en caso de ser necesario ejerce "el uso mínimo de la fuerza con fines de autodefensa y la máxima moderación".
Tras más de cuatro meses desde el sublevamiento que terminó con la incipiente y joven democracia en Birmania, el Ejército no ha logrado tomar el control de todo el país a pesar de la brutal represión con la oposición al mando castrense. Las fuerzas de seguridad han disparado a matar contra los manifestantes pacíficos que reclaman el restablecimiento de la democracia y la liberación de sus líderes electos, entre ellos Aung San Suu Kyi.
Al menos 863 personas han perdido la vida a raíz de la violencia desatada por las fuerzas de seguridad, según cifras de la Asociación para la Asistencia de Presos Políticos. Algunos de los manifestantes han decidido tomar las armas contra el Ejército cansados de los pocos avances de las protestas pacíficas; mientras se han abierto o recrudecido a lo largo del país los enfrentamientos entre los militares y grupos rebeldes armados.
El Ejército birmano justifica el golpe por un supuesto fraude electoral en los comicios de noviembre, en los que arrasó el partido de Suu Kyi, como ya hiciera en 2015, y que fueron considerados legítimos por los observadores internacionales.