La junta militar de Birmania (Myanmar) impuso la ley marcial en varias ciudades, en respuesta a las manifestaciones que por tercer día consecutivo inundaron las calles del país para protestar contra el golpe de Estado ejecutado hace una semana.
La junta militar acusa a los manifestantes de dañar la estabilidad, la seguridad y el Estado de derecho. El papa Francisco se suma a las voces que piden la liberación de la depuesta líder Aung San Suu Kyi.
La junta militar de Birmania (Myanmar) impuso la ley marcial en varias ciudades, en respuesta a las manifestaciones que por tercer día consecutivo inundaron las calles del país para protestar contra el golpe de Estado ejecutado hace una semana.
Después de que el país quedara este lunes prácticamente paralizado por una huelga general de trabajadores y protestas masivas, los militares declararon la ley marcial en cinco localidades, en las que se impone un toque de queda nocturno, y se prohíben reuniones de más de cinco personas y discursos públicos.
La medida, que afecta a dos distritos de Rangún, la mayor ciudad y el centro económico del país, entró en vigor también en Mandalay, Monywa, Loikaw y Hpsaung, Myaungmya.
Junta amenaza con "acciones legales"
El anuncio llegó después de que los militares a través del canal de la televisión estatal MRTV, amenazaran con tomar "acciones legales" contra los manifestantes y les acusaran de dañar la estabilidad, la seguridad y el Estado de derecho en el país.
Hasta ahora, los medios estatales o próximos al Ejército habían evitado cualquier noticia sobre las movilizaciones pacíficas contra los uniformados, así que el anuncio hace temer una escalda de detenciones y la represión policial.
En la capital, Naipydó, donde miles de personas se concentraron en la zona de los ministerios, la policía utilizó cañones de agua contra los manifestantes durante al menos 30 minutos con el objetivo de disolver las protestas, algo que había evitado en días anteriores.
Desde el golpe, al menos 163 personas han sido detenidas, dos de ellas sentenciadas a dos años de cárcel por cargos que no han sido precisados, mientras que las autoridades han puesto en libertad a 13, indica la Asociación de Asistencia para Prisioneros Políticos.