Bolivia: ante nuevos disturbios, el gobierno se endureció y la ONU reclamó diálogo
Bolivia: ante nuevos disturbios, el gobierno se endureció y la ONU reclamó diálogo
Viernes 8.11.2019
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El gobierno de Bolivia advirtió este jueves que la situación derivada de las elecciones del 20 de octubre está “a un paso” de que “se descontrole totalmente” y haya que “contar los muertos por docenas”, y la ONU exhortó al oficialismo y a la oposición a dialogar para “evitar más muertes y recuperar la paz”.
Mientras tanto, el líder cívico opositor Luis Camacho permaneció en La Paz pero sin entregar su anunciada carta para pedir la renuncia del presidente Evo Morales, y la Defensoría del Pueblo reportó que 17 días de protestas dejaron tres muertos, 346 heridos y 220 detenidos.
“Estamos a un paso de que esto se descontrole totalmente y comencemos a contar los muertos por docenas; ahora, lo que debería interesarnos a todos nosotros es que esto no termine en una sangría”, advirtió por televisión el ministro de Defensa, Eduardo Zavaleta López.
El funcionario hizo esas declaraciones tras la escalada de violencia de anoche, que sumó el tercer muerto, decenas de heridos, una sede municipal en llamas y una intendenta ultrajada en las calles durante cuatro horas en Vinto, en el departamento Cochabamba.
Además, se conoció este jueves que militantes de comités cívicos opositores al gobierno central mantenían cerradas las sedes municipales de Mairana y Mineros, en el departamento Santa Cruz.
“Hemos precintado y encadenado la alcaldía en defensa de la democracia”, explicó Luis Montaño, presidente del comité cívico de Mairana, según el diario paceño El Deber.
“Hemos cerrado la alcaldía porque son afines al MAS (Movimiento al Socialismo, el partido de Morales); no podemos esperar a que pase lo mismo que en Montero o Cochabamba, que han financiado a grupos de choque”, sostuvo el presidente del comité cívico de Mineros, Reynold Parada.
En tanto, la alcaldía de El Alto -ciudad vecina a La Paz, cuyo gobierno está en manos de una opositora a Morales- denunció “destrozos de magnitud” en algunas de sus instalaciones, que atribuyó a “vándalos”.
“Exhorto a la dirigencia del MAS a deponer los actos de violencia y las amenazas a la alcaldía de El Alto”, afirmó por Twitter el secretario de Atención Ciudadana y Gobernanza del municipio, Henry Contreras.
En ese contexto, la oficina de la ONU en Bolivia deploró los disturbios de ayer en Vinto, y en particular “la violencia y el trato inhumano ejercidos sobre la alcaldesa” Patricia Arce, según reportaron las agencias de noticias ANSA y Europa Press.
“Nada justifica el enfrentamiento entre bolivianas y bolivianos”, sostuvo la ONU, que subrayó su “absoluto rechazo a cualquier forma de violencia” y formuló “un llamado inexorable al diálogo como única vía para evitar más muertes y recuperar la paz”.
Paralelamente, la Defensoría del Pueblo afirmó que en 17 días de protestas hubo tres muertos, 346 heridos (334 por choques entre civiles y 12 por represión policial) y 220 detenidos, de los que solo 25 permanecían privados de libertad, según la agencia EFE.
En tanto, Camacho permanecía en La Paz pero sin llevar a la sede del gobierno central su anunciada carta pidiendo la renuncia de Morales y el Comité Nacional de Defensa de la Democracia (Conade) opositor avisó hoy que no hay fecha para la entrega de esa misiva.
“La carta va a ser recibida sin ningún problema, (Camacho) es un ciudadano como cualquier boliviano y tiene derecho a dejar su carta”, y “por supuesto va a tener una respuesta en el marco de la Constitución”, afirmó más temprano el vicepresidente, Álvaro García Linera, en rueda de prensa.
Pero Camacho replicó que “la carta no será entregada en ninguna ventanilla” y aseguró que solo se la entregaría a Morales “frente a los medios de comunicación y a puertas abiertas”.
Las protestas se suceden desde hace más de dos semanas en Bolivia, después de que la oposición y movimientos cívicos denunciaran fraude en el recuento de votos en los comicios del 20 de octubre a favor de Morales, al que el órgano electoral dio vencedor para un cuarto mandato consecutivo.
La oposición y los comités cívicos del país no reconocen la victoria, exigen la renuncia de Morales y reclaman nuevas elecciones, mientras la Organización de Estados Americanos (OEA) realiza una auditoria vinculante de los resultados de las elecciones.