Tras meses de tensiones dentro del Gobierno progresista y en el movimiento feminista, la Cámara de Diputados de España aprobó el proyecto de ley de autodeterminación de género.
El proyecto, que divide a la izquierda en el poder, permite cambiar legalmente de género a partir de los 16 años. Además, desarrolla una serie de medidas para garantizar los derechos de las personas LGTBIQ.
Tras meses de tensiones dentro del Gobierno progresista y en el movimiento feminista, la Cámara de Diputados de España aprobó el proyecto de ley de autodeterminación de género.
La iniciativa recibió 188 votos a favor y 150 en contra, además de 7 abstenciones, e iniciará ahora su trámite en el Senado. De ser aprobada, España se convertirá en uno de los pocos países del mundo que autoriza la autodeterminación de género, presentando solamente una solicitud personal.
Bautizada como "ley trans", la iniciativa debe permitir también que las personas de entre 14 y 16 años puedan cambiar la mención de su sexo en el Registro Civil, siempre que durante el proceso reciban asistencia de sus tutores legales.
En el caso de las personas de entre 12 a 14 años deberán contar con aval judicial. A diferencia de la actualidad donde todas las personas menores de edad deben obtener esta autorización de un juez.
Por otro lado, el proyecto generó profundas divisiones en el feminismo, para un sector la norma "borra" a las mujeres y desdibuja la discriminación que sufren en base a su sexo biológico.
Sin embargo, la legislación incluye medidas para evitar que hombres que transicionan a mujeres se beneficien de cuotas o vean reducidas sus penas por violencia de género.
"Cuando se reivindica el género por encima del sexo biológico (...) me parece un retroceso" para las mujeres, valoró la exnúmero dos del gobierno de Sánchez, la socialista Carmen Calvo, en una entrevista con el diario El Mundo en septiembre.
Para algunas feministas, el permitir cambiar de sexo sin necesidad de dos años de hormonación y un informe médico, "borra" a las mujeres, sitúa el género -al que consideran una construcción social del machismo- por encima del sexo biológico y "puede destrozar la potente legislación de igualdad", en palabras de Carmen Calvo.
Además, las feministas ortodoxas temen que personas del sexo masculino que se autoidentifiquen como mujeres puedan participar en competiciones deportivas femeninas o cumplir condenas en prisiones de mujeres.
Sin embargo, en cuanto a las cárceles y al peligro de que hombres que transicionaron a mujeres agredan a las internas, la ley no modifica el funcionamiento de los centros penitenciarios que desde hace años se rigen por una instrucción que permite a las personas trans ingresar en el módulo correspondiente a su identidad de género.
Haciéndose eco de estos temores, los socialistas presentaron una enmienda para extender la necesidad de contar con autorización judicial también para los jóvenes entre 14 y 16 años, pero acabó siendo rechazada.