"Chile cerró 2019 con la peor crisis de derechos humanos desde Pinochet"

"Las fuerzas del Estado intentaron justificar su uso de la violencia contra manifestantes alegando que tales medidas eran necesarias para proteger las infraestructuras y la propiedad privada frente a daños y vandalismo", dijo la ONG en su informe anual difundido anoche sobre la situación de los derechos humanos en América.

La ola de protestas que vive Chile estalló el pasado 18 de octubre en respuesta al aumento de la tarifa del subte y se convirtió luego en un reclamo contra el gobierno de Sebastián Piñera y un modelo económico que propicia la desigualdad y no garantiza servicios básicos como la salud o la educación.

La crisis, con al menos una treintena de muertos y miles de heridos, bajó de intensidad en febrero, pero se espera que tome fuerza nuevamente en marzo con el fin del verano, la vuelta a las clases y la cercanía del plebiscito de abril en el que se decidirá si se quiere una nueva Constitución.

La organización, que envió una misión de observación al país a mediados de noviembre, aseguró que durante los diez días en los que rigió el estado de emergencia y en los que los militares estuvieron a cargo de la seguridad "aumentó drásticamente el número de abusos cometidos por el Estado" y que a fines del año "las víctimas de violaciones de derechos humanos, sobre todo a manos de los Carabineros (policía nacional), se contaban por miles".

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Estos abusos pasan desde el uso de armas letales contra los manifestantes, uso de munición potencialmente letal y de gases lacrimógenos "de manera injustificada, generalizada e indiscriminada", ataques contra periodistas y violencia contra personas a las que ya se había arrestado, agregó AI.

La organización acusó tanto al Ejército como a los Carabineros de cometer "ataques generalizados" y aseguró que las violaciones a los derechos humanos "no son hechos aislados o esporádicos", sino que responden a un patrón y muestran un "grado de coordinación".

Otros organismos internacionales como la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y Human Rights Watch (HRW) también han acusado a las fuerzas de seguridad de haber violado los derechos humanos.

Aparte del estallido social, AI advirtió en el mismo informe que durante el pasado año "no se produjeron avances sustanciales en otros problemas persistentes como la criminalización del aborto, la impunidad por los crímenes cometidos en el pasado, la criminalización del pueblo mapuche y la falta de progreso en materia de derechos ambientales".

Con información de Télam