El gobierno de Chile analiza la crear una cárcel especial para presos de pueblos originarios.
El proyecto atraviesa a todas las fuerzas políticas. El subsecretario de Justicia admitió que el Gobierno está "evaluando aquello", mientras que la vocera del Ejecutivo, afirmó que "se trata de una propuesta que hay que estudiar".
El gobierno de Chile analiza la crear una cárcel especial para presos de pueblos originarios.
La propuesta se destaca como "transversal" a todas las fuerzas políticas, y con la que aspira a ajustarse a las normas del convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
La información fue confirmada por el propio subsecretario de Justicia, Jaime Gajardo, quien admitió que el Gobierno está "evaluando aquello" y la vocera del Ejecutivo, Camila Vallejo, afirmó que "se trata de una propuesta transversal y que hay que estudiar".
El subsecretario aseguró que en la administración anterior de Sebastián Piñera " se comenzó a abordar y se dictó la resolución 3.925", que atiende algunas cuestiones sobre la materia en base a la "pertenencia cultural y religiosa" de los presos.
Por ello, el Ejecutivo solo tendría que dictar un decreto supremo para crear el nuevo penal.
Sin embargo, aclaró que están realizando una serie de pasos previos, como establecer puentes de diálogo con las bancadas oficialistas y opositoras y con organizaciones de derechos humanos.
Dentro la administración del presidente Gabriel Boric coinciden en que "es necesario adaptar nuestro sistema penitenciario al Convenio 169 de la OIT, que establece normas específicas para el cumplimiento de la prisión en el caso de pueblos indígenas".
En septiembre pasado, el diputado socialista Leonardo Soto y sus pares Lorena Pizarro (comunista) y Gonzalo Winter (Convergencia Social) conversaron con la ministra de Justicia, Marcela Ríos, y el subsecretario Gajardo sobre los beneficios carcelarios concedidos a comuneros mapuches.
"¿Por qué no avanzar en habilitar una cárcel sólo para personas de origen mapuche?", propuso entonces el legislador socialista, dejando en claro que esto "no implicaría un trato especial ni una discriminación".
Miguel Mellado, diputado del derechista planteó que se debería pedir un terreno en las afueras de alguna ciudad de la región de La Araucanía, para instalar allí una cárcel de alta seguridad exclusiva para imputados por delitos vinculados a la denominada violencia rural.
Mellado estimó que hasta "podrían tener allí su rewe (altar ceremonial utilizado por los mapuches), lo que quieran, pero lo importante es que esto esté fuera del radio urbano".
La vocera Vallejo dejó en claro que no se trata de un plan del Ejecutivo, sino que "hay varios parlamentarios que han levantado esta propuesta de manera transversal, no solo un sector político".
"Por lo tanto, lo que ha señalado el subsecretario de Justicia y el ministerio es que se toma esta propuesta y que se va a evaluar. Considerando que ha sido una propuesta que se ha levantado de manera transversal, por cierto hay que estudiarla", insistió.