El rechazo a la nueva Constitución de Chile se imponía con 62% de los votos válidos del plebiscito de hoy contra 38% favorable a la aprobación, cuando se había completado 88,08% del escrutinio oficial.
Autoridades reconocieron la derrota y aseguraron que continuarán trabajando en la reforma de la Carta Magna.
El rechazo a la nueva Constitución de Chile se imponía con 62% de los votos válidos del plebiscito de hoy contra 38% favorable a la aprobación, cuando se había completado 88,08% del escrutinio oficial.
Paralelamente, mientras dirigentes partidarios de la aprobación admitían la derrota, el presidente Gabriel Boric convocó a referentes de su coalición para el lunes, a las 16, con el objeto de analizar la continuidad del proceso constitucional.
Con este resultado, seguirá vigente la actual Ley Fundamental, aunque el presidente chileno ya anunció que convocará un nuevo proceso constituyente y que se cumplirá con el mandato del plebiscito de octubre de 2020, en el que casi el 80 % de los chilenos pidió un cambio constitucional.
“Estamos impactados, tristes, pero reconocemos naturalmente la derrota; es una voz que habló de manera muy limpia y que hay que escuchar con humildad y agradecimiento”, afirmó la presidenta de la Federación Regionalista Verde Social (FRVS, partido oficialista), Flavia Torrealba.
“La Constitución de Pinochet está enterrada, el proceso sigue en marcha; vamos a una segunda etapa de esta conversación”, agregó.
Asimismo, la exconvencional Bárbara Sepúlveda, del Partido Comunista, dijo que “Chile va a tener una nueva Constitución; tarde o temprano, la decisión democrática del pueblo se va a volver a manifestar y ese proceso va a representar a las grandes mayorías”.
Mientras tanto, simpatizantes del rechazo festejaban en caravanas de autos, que habían tomado las calles de distintos sectores de la capital y de otras ciudades del país, con banderas chilenas y bocinazos.
Los chilenos fueron hoy a las urnas para decidir en plebiscito si aprueban o rechazan el proyecto de Constitución elaborado con el fin de sustituir la carta magna vigente, sancionada durante la última dictadura (1973-90).
Las encuestas ya vaticinaban una desaprobación mayoritaria.