Sebastián Piñera, presidente de Chile en dos ocasiones (2010-2014 y 2018-2022), ha sido citado a declarar ante la Fiscalía de Alta Complejidad por una causa de delitos de lesa humanidad, según la información adelantada esta tarde por la prensa chilena. Lo hará en calidad de imputado, junto a otras cuatro autoridades del Ministerio del Interior de su segundo mandato, que estaban al mando de Chile y de sus fuerzas policiales cuando se produjo el estallido social, en octubre de 2019.
En el marco de estas revueltas se produjeron violaciones a los derechos humanos, pero hasta ahora no se ha acreditado que haya sido una política de Estado.
La investigación de la Fiscalía arrancó luego de la presentación de cerca de 20 querellas patrocinadas, principalmente, por organismos de derechos humanos, y en algunos casos, por Alejandro Navarro, un exsenador de larga trayectoria en la izquierda que no pertenece a la Cámara Alta desde marzo de 2022, al terminar su período.
Mirá también"Chile cerró 2019 con la peor crisis de derechos humanos desde Pinochet"Apuntan a hechos ocurridos entre octubre de 2019 y marzo de 2020, los meses álgidos de las revueltas que pusieron contra la pared a la institucionalidad chilena y donde la violencia inédita en las últimas décadas sobrepasó a las fuerzas policiales y a las Fuerzas Armadas.
La querella de Navarro se presentó contra Piñera y otras cuatro autoridades del ministerio del Interior en esos meses: los que fueron ministros, Andrés Chadwick y Gonzalo Blumel, y los subsecretarios de la misma cartera, Rodrigo Ubilla y Juan Francisco Galli, que deberán declarar ante la Fiscalía chilena en la misma calidad de imputados que Piñera, el único dirigente de la derecha que ha llegado a La Moneda desde el restablecimiento de la democracia en 1990.
La fiscal Ximena Chong, de la Fiscalía de Alta Complejidad Centro Norte, tiene en sus manos tanto esta causa como la que investiga la responsabilidad de mando del generalato de Carabineros por la supuesta “omisión” en la toma de decisiones para evitar lesionar a los manifestantes durante el estallido social.
Chong será la encargada de interrogar a las autoridades políticas, en declaraciones que comenzaron este viernes con Chadwick, el primo del exmandatario y uno de los principales rostros del partido de derecha UDI. Tanto Piñera como sus colaboradores, como imputados, son investigados como eventuales responsables de un delito. Por lo tanto, tienen las mismas garantías de cualquier encauzado penal, es decir, el derecho a ser asistido por un abogado, a guardar silencio, a no autoincriminarse, entre otras. El objetivo es indagar las consecuencias que tuvo el actuar policial en los manifestantes lesionados durante el estallido social, explica La Tercera.
De acuerdo al abogado del expresidente, Samuel Donoso, entrevistado por el mismo periódico, “los hechos demuestran que su actuar obedeció al correcto cumplimiento de sus funciones públicas, procurando en todo momento el resguardo de los derechos humanos, en los difíciles momentos que vivió el país”. Según Donoso, tienen “la tranquilidad y convicción de que en el actuar del expresidente siempre buscó compatibilizar el resguardo del orden público y seguridad ciudadana con el respeto a los derechos humanos de todos”. Para el defensor de Piñera, “en consecuencia, no se configura delito alguno”.
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