Siete personas implicadas en el crimen de la ambientalista hondureña Berta Cáceres fueron condenadas este lunes (02.12.2019) a penas de 30 a 50 años de cárcel por los delitos de asesinato y tentativa de asesinato.
La condena llega casi cuatro años después de perpetrado el crimen de la líder lenca y ambientalista.
Siete personas implicadas en el crimen de la ambientalista hondureña Berta Cáceres fueron condenadas este lunes (02.12.2019) a penas de 30 a 50 años de cárcel por los delitos de asesinato y tentativa de asesinato.
El Tribunal de Sentencia leyó la resolución tras haber encontrado culpables a los señalados el 29 de noviembre de 2018. Los encausados fueron capturados en el marco de la Operación "Jaguar”, entre mayo de 2016 y febrero de 2017, tras el crimen de la activista lenca.
"Fueron encontrados culpables no sólo de asesinato, sino también de asesinato en grado de ejecución de tentativa y se les aplicaron penas intermedias”, dijo la portavoz de la Corte Suprema de Justicia, Lucía Villars.
Algunos de los acusados por el asesinato de Berta Cáceres ingresan a la corte para enfrentar el juicio. (Foto de archivo - noviembre 2018)
La ambientalista y líder del pueblo lenca fue asesinada a balazos el 2 de marzo de 2016 cuando se encontraba en su casa en el municipio de La Esperanza, departamento de Intibucá. En el hecho también resultó herido un mexicano, amigo de Cáceres.
Villars detalló que a Elvin Heriberto Rápalo, Oscar Torres Velásquez, Edilson Atilio Duarte y Henry Javier Hernández se les condenó a 34 años de cárcel por asesinato y a 16 años por tentativa de asesinato, lo que da un total de 50 años de reclusión.
En el caso de Sergio Ramón Rodríguez, Douglas Geovanny Bustillo y Mariano Díaz Chávez se les impuso una pena de 30 años con seis meses de prisión por asesinato, por ser coautores del crimen.
Hija de Cáceres: hay más involucrados
A la fecha suman nueve personas detenidas por el crimen de la ambientalista, dos de ellas todavía a la espera de la conclusión de su proceso judicial.
Berta Zúñiga, hija de Cáceres y coordinadora del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh), explicó a la prensa que entre los implicados se encuentra un empleado y exempleado de la empresa hidroeléctrica DESA, además de miembros de las Fuerzas Armadas de Honduras activos hace un año.
El Tribunal declaró que los ejecutivos de DESA conocían y dieron su consentimiento para asesinar a la líder indígena lenca e hicieron referencia a otras personas participantes en el crimen.
Zúñiga insistió en la necesidad de incluir a otros actores que ordenaron y pagaron por el asesinato de Cáceres.