La Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso unicameral de Perú aprobó este martes una moción para declarar persona non grata al presidente colombiano Gustavo Petro.
La moción fue declarara luego de que el mandatario realizara polémicas declaraciones sobre la Policía Nacional (PNP) en las que la compara con los nazis.
La Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso unicameral de Perú aprobó este martes una moción para declarar persona non grata al presidente colombiano Gustavo Petro.
La decisión fue tomada por los legisladores de que el mandatario realizara polémicas declaraciones del mandatario sobre la Policía Nacional (PNP) en las que la compara con los nazis. Estos dichos fueron calificados de "inaceptables" y una "grave ofensa a la institución".
La moción finalmente fue aprobada con 13 votos a favor, tres abstenciones y ninguno en contra.
El pasado viernes, el mandatario colombiano se refirió a la crisis política y social en el Perú y, luego de denunciar el papel del Estado colombiano contra los grupos de izquierda y compararlo con la Alemania nazi, utilizó la misma analogía para calificar la imagen de las fuerzas del orden peruanas.
“En el Perú marchan como nazis, contra su propio pueblo, rompiendo la Convención Americana de Derechos Humanos”, dijo Petro.
Desde la destitución y detención del expresidente Pedro Castillo el 7 de diciembre, tras intentar cerrar el Congreso, el país ha sido escenario de una fuerte conflictividad social que dejaron un balance de casi medio centenar de muertos por la represión.
A fines de diciembre, el Congreso peruano ya había aprobado una moción de rechazo a la “intromisión” en los asuntos internos del país de parte de Petro y del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, quienes habían expresado críticas al manejo de la crisis por parte de Boluarte.
Ambos mandatarios se pronunciaron además varias veces sobre la situación de Castillo, quien fue apresado y posteriormente encarcelado por los presuntos delitos de rebelión y conspiración, entre otros.
México, además, concedió asilo la familia de Castillo, lo que llevó a que el Ejecutivo peruano expulsara al embajador mexicano en Lima.