El Congreso de Perú rechazó en las últimas horas la denuncia hecha por una legisladora contra la presidenta del país, Dina Boluarte, por las muertes ocurridas durante las recientes protestas antigubernamentales.
Fue considerada improcedente debido a que "no cumple con el criterio referido a 'hechos que constituyan infracción de la Constitución y/o previstos en la legislación penal'".
El Congreso de Perú rechazó en las últimas horas la denuncia hecha por una legisladora contra la presidenta del país, Dina Boluarte, por las muertes ocurridas durante las recientes protestas antigubernamentales.
Con 11 votos a favor, 5 en contra y 3 abstenciones, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales declaró que la presentación era "improcedente".
La denuncia fue realizada por la legisladora de izquierda Ruth Luque y apunta no solo a Boluarte sino también a otros exfuncionarios del gobierno que infringieron la Constitución en lo referido a sus atribuciones "en las esferas más altas de decisión en asuntos del uso de las fuerzas policiales y militares".
La subcomisión, sin embargo, consideró que la denuncia era improcedente porque "no cumple con el criterio referido a 'que se refiera a hechos que constituyan infracción de la Constitución y/o delitos de función previstos en la legislación penal'".
El informe indica que durante el periodo que es materia de la denuncia hubo diversos actos de violencia contra las fuerzas del orden y en perjuicio de la infraestructura pública.
Los hechos ocurridos desde el 7 de diciembre del año pasado hasta febrero de 2023 se encuentran en proceso de investigación en el Congreso y en el Ministerio Público, por lo cual no está definida aún la responsabilidad de algún funcionario en ellos.
Por lo tanto, no se pueden establecer responsabilidades en los funcionarios denunciados por el uso excesivo de la fuerza por parte de los agentes militares y policiales, ni por las opiniones que vertieron sobre las protestas y su probable financiamiento, ya que opinar no constituye delito.
Las protestas estallaron cuando el entonces presidente Pedro Castillo fue destituido por el Congreso y arrestado, luego de haber intentado disolver el órgano legislativo en medio de meses de tensiones contra el Ejecutivo.
Al menos 49 personas murieron por acción directa de la Policía y 11 en otros hechos violentos, además de miles resultaron heridos, según datos de la Defensoría del Pueblo de Perú. En total, son 60 los fallecidos, si se cuenta además quienes perdieron la vida como consecuencia de los bloqueos de rutas.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) denunció el miércoles pasado que hubo "graves violaciones" a los derechos humanos y posibles "ejecuciones extrajudiciales" a manos de las fuerzas policiales en Perú durante las protestas.
La CIDH señaló, además, que la respuesta de las fuerzas estatales no fue uniforme en todo el territorio nacional y se registraron "graves episodios de uso excesivo de la fuerza" en casos concretos.