El Litoral
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Télam
Las renuncias de funcionarios y cargos cercanos al presidente de Perú, Pedro Pablo Kuczynski, prosiguieron hoy en rechazo al indulto otorgado en la pasada Nochebuena al ex mandatario Alberto Fujimori, mientras miles de personas se movilizaron en Lima y otras ciudades del país en protesta contra esa medida.
El último en dimitir fue el consejero presidencial Felipe Arturo Ortiz de Zevallos, cuya renuncia fue anunciada hoy en el diario oficial El Peruano mediante una resolución suprema, citada por la agencia Efe.
Ortiz de Zevallos es el segundo consejero de Kuczynski que renuncia tras el indulto de Fujimori, luego que lo hiciera Máximo San Román.
La lista de renuncias es larga y está encabezada por el ministro de Cultura, Salvador Del Solar.
Kuczynski también perdió tres congresistas de su partido Peruanos Por el Kambio (PPK), lo que deja a su grupo parlamentario con apenas 15 legisladores en un hemiciclo de 130 escaños que controla el fujimorismo con mayoría absoluta.
Otra sensible renuncia es la del director general de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia, Roger Rodríguez, quien sostiene que el indulto a Fujimori tiene serias irregularidades e incumple las exigencias y condiciones contempladas por la comisión de gracias presidenciales.
Asimismo, dimitió Katherine Valenzuela, encargada del Programa de Reparaciones Simbólicas, por considerar que tras el indulto a Fujimori no puede seguir representando al Ministerio de Justicia ante familiares de personas desaparecidas o asesinadas por las fuerzas armadas durante el mandato del ex presidente.
La misma decisión tomó el presidente de la Autoridad Nacional del Servicio Civil (Servir), Juan Carlos Cortés, quien argumentó su renuncia en que el indulto a Fujimori "no solo quiebra las bases del Estado de derecho, sino principalmente esos principios que estamos obligados como funcionarios públicos a promover y defender".
También hizo lo propio el presidente del Instituto Nacional de Radio y Televisión (IRTP), Hugo Coya, a cargo del canal de televisión y de la emisora de radio estatales, así como otros cargos de confianza en la administración de Kuczynski.
El sustento del indulto es una supuesta enfermedad grave, degenerativa e incurable que se agudiza dentro de prisión, pero existe la sospecha de que se trató de un acuerdo político para que Kuczynski siguiera gobernando a cambio de la libertad de Fujimori, ambos de 79 años.
El indulto fue concedido solo tres días después de que Kuczynski se salvase de ser destituido por el Congreso gracias a la abstención de un sector de 10 congresistas del fujimorismo, que lidera Kenji Fujimori, hijo menor del ex presidente, quien le había pedido al actual gobernante que indultara a su padre.
Ese indulto bajo sospecha generó anoche protestas en Lima, bajo el lema "Fujimori nunca más", una marcha que comenzó en las plazas céntricas San Martín y 2 de Mayo, desde donde los manifestantes, la mayoría jóvenes, se movilizaron por diversos caminos hasta llegar al frente del Palacio de Justicia, lugar previsto para el cierre del acto.
Aunque la movilización transcurría en forma pacífica, algunos subgrupos que se apartaron de la marcha central para iniciar sus propios recorridos tuvieron enfrentamientos con policías en el distrito limeño de Lince.
Según el canal de televisión RPP, citado por la agencia de noticias DPA, otro grupo buscaba avanzar hacia los exteriores de la clínica Centenario, en el distrito limeño Pueblo Libre, donde Fujimori permanece internado desde el sábado por supuestos problemas de hipotensión.
Intensas movilizaciones también se registraron en ciudades como Arequipa, Chiclayo, Trujillo, Chimbote, Tarapoto, Piura, Cusco, Abancay, Huancayo, Huamanga y varias más en la costa, los Andes y la Amazonía, recogieron los medios locales que registraron en algunos casos choques aislados con las fuerzas de seguridad.
Fujimori fue condenado en 2009 a 25 años de prisión como autor mediato (con dominio del hecho) de las matanzas de Barrios Altos (1991) y La Cantuta (1992), ejecutadas por el grupo militar encubierto Colina, además de por los secuestros de un periodista y un empresarios tras su "autogolpe" de Estado de 1992.