Según datos oficiales, más de 28.500 migrantes y refugiados cruzaron de Francia al Reino Unido de forma irregular a través del canal de la Mancha en estos primeros nueve meses de 2022, una cifra que ya es superior a la registrada durante todo 2021.
El número de cruces varía a lo largo del año, en función de las condiciones meteorológicas y de las medidas de control en la costa norte de Francia.
Según datos oficiales, más de 28.500 migrantes y refugiados cruzaron de Francia al Reino Unido de forma irregular a través del canal de la Mancha en estos primeros nueve meses de 2022, una cifra que ya es superior a la registrada durante todo 2021.
Del 1 de enero al 12 de septiembre de 2022, el Reino Unido recibió 28.561 migrantes: solo 601 llegaron ayer. Esta cifra ya supera a los 28.526 migrantes que realizaron ese peligroso viaje en 2021.
La Organización Internacional para las Migraciones (OIM) informó que más de 200 migrantes fallecieron mientras cruzaban por el canal de la Mancha desde 2014. De estas muertes, siete corresponden a estos primeros nueve meses de este año.
El Ministerio de Defensa británico dio a conocer el mes pasado, que varios de los barcos utilizados por personas que cruzan los 560 kilómetros del canal de la Mancha eran embarcaciones pequeñas como botes inflables de casco rígido, botes y kayaks.
El Reino Unido amenazó con enviar los barcos de vuelta a Francia si eran rescatados por la Marina en aguas y estuvo girando decenas de millones de dólares anuales para ayudar a detener las travesías en barco, incluso para patrullas de playa adicionales y equipos apropiados como lentes de visión nocturna.
En su lucha por terminar con los cruces ilegales, el Gobierno británico también acordó este año un plan de casi 140 millones de dólares para deportar a los migrantes a Ruanda, independientemente de su situación u origen, una medida ampliamente rechazada por las organizaciones sociales, los partidos de la oposición y más tarde por la Justicia europea.
En paralelo, el Ministerio del Interior británico comenzó a colocar los GPS en los tobillos de los solicitantes de asilo en junio pasado para rastrear sus movimientos mientras esperaban una decisión sobre su estatus migratorio.
Este tipo de dispositivos suelen utilizarse con los delincuentes, por lo que los críticos de esta política acusan al Gobierno de tratar como criminales a las personas que han huido de la persecución.