Lunes 15.3.2021
/Última actualización 10:58
Saifullah Yar tenía solo 19 años cuando su familia fue asesinada a tiros en una aldea afgana mientras se llevaba a cabo una redada del SAS en 2011. Cuando los investigadores militares británicos se trasladaron a Kabul en 2017 para investigar lo ocurrido, el joven declaró que durante el ataque fue esposado y alejado de su padre, hermano y dos primos. Luego, escuchó dos rondas de disparos, y cuando las fuerzas especiales se habían ido, sus familiares ya estaban muertos.
Aparentemente, las grabaciones de la incursión fueron captadas por el equipo de apoyo aéreo de EE.UU., pero según el periódico, las autoridades estadounidenses perdieron misteriosamente las imágenes y no pudieron proporcionarlas a un tribunal británico, que está llevando a cabo una revisión judicial de la redada ante la demanda de Saifullah.
Según el reporte, no es la primera vez que la evidencia clave de ese ataque desaparece o se oculta intencionalmente. El viaje de los investigadores de la Real Policía Militar (RMP) a Kabul en 2017 fue una de sus últimas tareas en una indagación de tres años y medio sobre las acusaciones de crímenes de guerra contra la unidad SAS. Durante la visita, descubrieron que los operadores británicos manipularon informes de la misión para implicar a las fuerzas especiales afganas en asesinatos similares entre 2011 y 2013.
Los investigadores entrevistaron a 42 soldados quienes aseguraron que no podían recordar la misión. Los documentos legales sobre los que informó The Times indicaron que un juez calificó este caso de "amnesia colectiva". Las armas utilizadas en la redada en la aldea de Saifullah fueron destruidas el mismo año en que el RMP abrió su investigación.
Sin embargo, se han acumulado suficientes pruebas contra las tropas del SAS. La pesquisa encontró que para matar a las víctimas se emplearon balas británicas de 5,56 milímetros, en lugar de las municiones de 7,62 milímetros utilizadas por los comandos afganos.
Los primeros informes que siguieron a la redada de 2011 indicaron que la familia de Saifullah murió cuando intentaron alcanzar armas mientras el SAS registraba su propiedad. Pero estos reportes fueron recibidos con escepticismo por los altos mandos del Ejército del Reino Unido, quienes en una cadena de correos electrónicos describieron la redada como "la última masacre".
El Gobierno británico cerró la indagación a fines de 2017 sin procesar un solo caso. Con el SAS normalmente exento de la supervisión parlamentaria, los tribunales son ahora la esperanza de Saifullah para hacer justicia. "Nuestro cliente está buscando una nueva investigación sobre la muerte de sus seres queridos y quiere averiguar si sus decesos fueron parte de un patrón de asesinatos ilegales de civiles afganos", declaró su abogada, Tessa Gregory, a The Times.