La Cámara de Representantes de Uruguay aprobó en la sesión iniciada este lunes el proyecto de ley de reforma del sistema de seguridad social, que entre diversos puntos, aumenta la edad jubilatoria de 60 a 65 años.
Principalmente, el proyecto de ley de reforma del sistema de seguridad social aumenta la edad jubilatoria de 60 a 65 años.
La Cámara de Representantes de Uruguay aprobó en la sesión iniciada este lunes el proyecto de ley de reforma del sistema de seguridad social, que entre diversos puntos, aumenta la edad jubilatoria de 60 a 65 años.
Con media sanción en Diputados, se espera su aprobación este martes en el Senado. Se trata de una reforma impulsada por el presidente uruguayo, Luis Lacalle Pou.
La iniciativa recibió 54 votos afirmativos de un total de 97, provenientes de la coalición de gobierno (Partido Nacional, Partido Colorado, Cabildo Abierto, Partido Independiente y Partido de la Gente) y con oposición del Frente Amplio.
El informe en mayoría, presentado por el diputado nacionalista Pedro Jisdonian, recuerda que la reforma de la seguridad social constituye la concreción de un compromiso político asumido por la coalición durante la pasada campaña electoral. También que una reforma de este tipo fue considerada necesaria por parte de todo el sistema político para garantizar la sostenibilidad del sistema.
"Todos sabemos que el gasto público en pasividades en Uruguay es excesivamente alto, y la situación tiende a empeorar con el paso del tiempo" porque "si no se hace nada", los recursos destinados al Banco de Previsión Social (BPS) pasarán de 8,4% del PBI a 9,6% en 2050, advierte el informe, citado por Jisdonian.
En base a las modificaciones, los contribuyentes del país oriental deberán continuar con el aporte del 15% de su salario, pero con la división del 10% al Banco de Previsión Social (BPS) y el restante 5% a la AFAP (Administradora de Fondos de Ahorro Previsional). Hasta el momento, los trabajadores que ganan más de cierta remuneración y optan por el ahorro individual aportan 7,5% al BPS y 7,5% a la AFAP.
Por acuerdos entre el oficialismo y el partido Cabildo Abierto (CA), se aceptó la baja de 25 a 20 mejores años trabajados para calcular la jubilación –un cambio que costará 300 millones de dólares, es decir el 0,3% del PBI, y la retirada de los artículos que permitían a las AFAP invertir en el exterior.
Respecto al pedido del Partido Colorado, se obtuvo la disminución gradual del Impuesto a la Asistencia de la Seguridad Social (IASS) y una nueva escala de edad de jubilación de acuerdo a la cantidad de años aportados (a los 63 con 38 de aportes y a los 64 con entre 35 y 37 de aportes).
Con una edad promedio de retiro que hoy está en los 60 años, a partir de esta ley quedará fijada en 61 años para los nacidos en 1973, aumentando en forma escalonada un año para finalizar en los 65 años para los nacidos a partir de 1977. La causal anticipada por retiro prevé 30 años trabajados a la fecha de vigencia de la ley, o 40 o más años de servicios computables para los nacidos a partir de 1973.
Desde la central sindical de Uruguay, el PIT-CNT, se convocó para este martes a un paro general de 24 horas con movilización. Medida que se mantiene en concordancia a las tomadas durante el mes previo.
El presidente del PIT-CNT, Marcelo Abdala, aseguró que está previsto que “todas las ramas de actividad” paralicen sus actividades en el marco de una jornada de huelga que, opinó, será “amplia” y “contundente”, incluyendo los sindicatos del transporte, la educación y la salud.
“Esto es una demostración de protesta y al mismo tiempo un acto importante con todas las organizaciones sociales”, indicó el referente sindical uruguayo. Luego detalló que los trabajadores se concentrarán sobre las 16.00 horas en inmediaciones al Palacio Legislativo.
Con el avance del proyecto, se estima que los reclamos escalen, pero sin alcanzar niveles comparables a los masivos disturbios registrados en Francia, algo que llegó a ser evaluado en el gobierno uruguayo.
Los mayores riesgos que si atraviesa la gestión de Lacalle Pou se relacionan con las elecciones presidenciales 2024 y los acuerdos con partidos como Cabildo Abierto, los cuáles se han resquebrajado aún más tras el debate de la reforma jubilatoria.