Ecuador: un alerta de atentado obliga a Luisa González a aceptar protección militar
La candidata correísta argumentó que aceptó "el apoyo de las Fuerzas Armadas para garantizar la seguridad y la democracia de los ecuatorianos",
Ecuador: un alerta de atentado obliga a Luisa González a aceptar protección militar
Sábado 2.9.2023
/
Última actualización 0:40
La candidata a la presidencia de Ecuador por la correísta Revolución Ciudadana (RC), Luisa González, reveló hoy que aceptó la protección de las Fuerzas Armadas, después de recibir un alerta por un posible atentado en su contra, que se da en el marco del clima de violencia en el país, donde el mes pasado fue asesinado un postulante en plena campaña electoral y el cuadro sigue grave en cárceles dominadas por bandas. "Hoy acepté lo que indicó el presidente Guillermo Lasso para que las Fuerzas Armadas me den seguridad", señaló González, quien disputará el balotaje del 15 de octubre frente a Daniel Noboa, de Acción Democrática Nacional (ADN).
La candidata argumentó que aceptó "el apoyo de las Fuerzas Armadas para garantizar la seguridad y la democracia de los ecuatorianos", en declaraciones que hizo a la emisora Medio Mundo.
González, que de imponerse en la segunda vuelta sería la primera mujer electa presidenta en Ecuador, se refirió al alerta por un posible intento de asesinato, después de que ayer fuera detenido un hombre que supuestamente estaba involucrado en un atentado en su contra.
"Hay un señor que dice que tenía que entregar unas bombas y que el objetivo era Luisa González", manifestó.
El expresidente Rafael Correa había denunciado ayer en la red social X (ex Twitter) que había un hombre detenido con armas que supuestamente iban a ser utilizadas contra la candidata de RC.
Tras la primera vuelta del 20 de agosto, Lasso ordenó al Ejército ocuparse de la seguridad de los dos postulantes que avanzaron al balotaje.
La decisión fue derivada del asesinato, el 9 de agosto, del hasta entonces candidato por el Movimiento Construye, Fernando Villavicencio, cuando salía de un acto de campaña en Quito.
"Esto es muy preocupante, porque se afecta la democracia", manifestó hoy González, que dijo que no suele usar chaleco antibalas, pero que probablemente comience a hacerlo.
Y agregó: "No puede ser que el discurso se quede en un chaleco, sino en la garantía que debemos tener todos los ciudadanos en cuanto a seguridad, y en este caso los candidatos a presidente".
"Todos estamos en riesgo mientras no se vuelva a tomar el control del país y a actuar sobre la seguridad de los ciudadanos", advirtió.
Su rival en la segunda vuelta, el empresario Noboa, aparece hace semanas en público con chaleco antibalas.
Violencia creciente
Ecuador sufre hace años una ola de violencia creciente y cerró 2022 con una tasa de 26 homicidios por cada 100.000 habitantes, casi el doble que en 2021.
Y Quito, que hasta acá parecía los casos de violencia más grave, vivió entre el miércoles y ayer una inusual serie de ataques con granadas y la explosión de dos coches-bomba frente a sendas sedes del organismo que gestiona las cárceles.
Este jueves, la Policía detuvo a 10 presuntos involucrados en los hechos y hoy la justicia dictó el procesamiento de cuatro de ellos por el delito de terrorismo.
En la llamada "audiencia de flagrancia", la Fiscalía exhibió un panfleto con amenazas de muerte contra los funcionarios judiciales e imágenes de lobos.
Los Lobos es una de las mayores bandas criminales del país, fuerte en la zona costera y con control sobre algunos penales.
Los hechos de Quito y las amenazas constituyen una respuesta directa de las organizaciones narcos a las continuas requisas de autoridades en los penales y a los permanentes traslados de sus líderes.
Las cárceles son también un territorio en disputa y fueron sede de terribles masacres, mayormente por choques entre las organizaciones y en algunos casos por motines, que dejaron más de 430 presos muertos desde 2021.
En todo el territorio ecuatoriano rige actualmente un estado de excepción y otro para el sistema carcelario, por 60 días cada uno, luego del crimen de Villavicencio.
Ese estado de excepción es el que habilita que militares patrullen las calles e intervengan en el control de las prisiones.
Operativos del miércoles en las prisiones generaron motines en algunos penales, entre ellos el de Turi, donde los reos mantuvieron retenidos por dos días a 57 agentes penitenciarios.
El portal Código Vidrio, especializado en seguridad, dijo que los policías fueron liberados anoche, cuando las fuerzas de seguridad se preparaban para entrar al lugar.