Al finalizar la audiencia de formulación de cargos en la que se dictó prisión preventiva a 16 militares por el caso de los cuatro menores desaparecidos en Taura, Ecuador, los familiares de los chicos llegaron llorando este martes a las inmediaciones del complejo judicial Valdivia.
Prisión preventiva
Escándalo en Ecuador: 16 militares detenidos por el secuestro y asesinato de cuatro menores
Un análisis de ADN confirmó que cuatro cuerpos hallados en una fosa común pertenecen a Josué, Ismael, Saúl y Steven, cuatro chicos de entre 11 y 15 años aprehendidos el 8 de diciembre en el marco de un supuesto robo. Las familias de las víctimas presentaron recurso de habeas corpus y el caso pasó a investigarse como desaparición forzada.
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Allí trascendió la confirmación que cuatro cadáveres hallados calcinados en un recinto de Taura, el pasado 24 de diciembre, corresponden a los menores Ismael, Josué, Steven y Saúl, de entre 11 y 15 años, quienes desaparecieron el pasado 8 de diciembre tras ser aprehendidos por los uniformados en el sector de Las Malvinas, sur de Guayaquil.
Los análisis de ADN practicados a los cadáveres durante estos días confirmaron este martes, 31 de diciembre, que las víctimas son los cuatro menores. Así lo anunció el fiscal luego de que finalizó la audiencia de formulación de cargos
El examen de ADN que se les hizo a los cuerpos resultó positivo para los familiares de los menores, indicó el abogado de las familias de los chicos.
Minutos antes, familiares de los niños dijeron que se les había dado a los padres la noticia apenas culminó la audiencia.
“Son los niños, los niños están muertos. Mis sobrinos están muertos”, expresó entre llanto Antonio Arroyo, tío de Ismael y Josué.
Prisión preventiva
El juez Dennis Ugalde Álvarez dictó prisión preventiva para los 16 militares investigados por este caso de connotación internacional con el que el país cierra este 2024.
La noche del 8 de diciembre, los militares aprehendieron a los chicos supuestamente porque habrían participado de un robo. Esa versión fue descartada la semana anterior por el fiscal que investiga la causa, quien señaló que no hay evidencia de eso.
La desaparición de Josué e Ismael Arroyo, Saúl Arboleda y Steven Medina, ha sacudido a la sociedad ecuatoriana, desnudando la vulnerabilidad y violencia que enfrentan las familias en el país.
Incluso el Consejo de Presidencia de la Iglesia Católica en Ecuador emitió un comunicado este 23 de diciembre, condenando enérgicamente la violencia y ofreciendo apoyo a los padres y familiares de los desaparecidos: “Es deber del Estado defender la vida y la integridad de todos los ciudadanos sin importar su edad, género o condición social”.
“La desaparición de Josué e Ismael Arroyo, Saúl Arboleda y Steven Medina, no solo que conmueve las entrañas de todos los ecuatorianos, sino que expresa la indefensión en la que nos encontramos todos frente a la violencia que corre en nuestras instituciones y nuestras relaciones”, expresa el comunicado.
Luego de que a las familias de los afectados se les concediera un recurso de habeas corpus, el caso pasó a investigarse como desaparición forzada.
Desaparición forzada
Este caso se procesa conforme al artículo 84 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), que tipifica el delito de desaparición forzada y establece una pena privativa de libertad de veintidós a veintiséis años, según la Fiscalía.
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