Europa vende a América Latina y África pesticidas que han sido prohibidos dentro de sus propias fronteras por el daño que causan en el medio ambiente y las enfermedades que pueden provocar en las personas, indicó Greenpeace en una investigación.
Europa vende a América Latina y África pesticidas que han sido prohibidos dentro de sus propias fronteras por el daño que causan en el medio ambiente y las enfermedades que pueden provocar en las personas, indicó Greenpeace en una investigación.
El informe cuestiona la "doble moral” de esta práctica que tiene a Reino Unido a la cabeza y España entre los principales exportadores. La organización denuncia “presiones” del sector en los organismos reguladores de la Unión Europea.
Por su parte, los fabricantes defienden su “compromiso con la salud” y niegan las acusaciones.
En 2018, Europa vendió 81.615 toneladas de pesticidas prohibidos, de los cuales un 6% son de empresas españolas como Deuxal, Agroquímicos de Levante e Industrial Química Key, según datos de Greenpeace tras analizar más de 400 documentos de firmas europeas.
A pesar que dentro de Europa el porcentaje de pesticidas prohibidos por España sea bajo, hay mucho dinero de por medio: el sector genera más de 1.000 millones de euros al año. A nivel global, el mercado de los productos químicos para la agricultura está copado por unas pocas empresas gigantes como la de origen suizo Syngenta, comprada por el conglomerado asiático ChemChina en 2017 por 39.000 millones de euros.
“Es la primera vez que sale a la luz un estudio tan completo, donde se demuestra que los intereses económicos de algunas empresas europeas están por encima de la ética”, explicó el científico británico Doug Parr, miembro del equipo de Unearthed (la unidad de investigación de Greenpeace) que ha destapado la investigación en colaboración con la ONG suiza Public Eye, según indicó Infobae.
Entre los receptores de estos pesticidas prohibidos están Brasil, Argentina, Chile, Colombia, Perú, Ecuador, México, Costa Rica, Honduras y Cuba, además de otras naciones en vías de desarrollo de África y Asia.
“No es cierto que existan ‘lagunas legales’, todas nuestras actividades cumplen con la legislación de la Unión Europea y de cada uno de los países importadores”, señalan desde la organización internacional que defiende los intereses de los fabricantes de estos productos. Dicen que están adscritos al Convenio de Rótterdam (que desde 2004 vigila la exportación de químicos) y a las últimas directivas de la FAO, el órgano de Naciones Unidas para la agricultura.