La presidenta de Perú, Dina Boluarte, fue citada por la Fiscalía a declarar por las muertes en las protestas en su contra, en medio de la investigación abierta por la supuesta comisión por parte del Gobierno de delitos de "genocidio",.
La mandataria es parte de una investigación por las 60 muertes durante las manifestaciones a lo largo del país tras a destitución del expresidente Pedro Castillo.
La presidenta de Perú, Dina Boluarte, fue citada por la Fiscalía a declarar por las muertes en las protestas en su contra, en medio de la investigación abierta por la supuesta comisión por parte del Gobierno de delitos de "genocidio",.
Durante una conferencia en Palacio de Gobierno, la mandataria señaló: "Cuando la Fiscalía me notifique, yo estaré asistiendo con sumo agrado para poder contestar las preguntas que me hiciera”.
El 7 de marzo, Boluarte deberá acudir a la sede del Ministerio Público para declarar por los fallecidos durante los disturbios en las ciudades de Ayachucho y Puno, así como en otras regiones del sur de Perú.
Deberá acudir de manera presencial y no podrá hacerlo de forma remota, como se ofreció a hacerlo en citaciones anteriores, de no aceptar declarar bajo estas condiciones podría ser percibido como una inasistencia a la citación.
La mandataria es parte de una investigación preliminar iniciada por la Fiscalía de la Nación por el presunto delito de "genocidio" por las 60 muertes durante las protestas a nivel nacional tras a destitución del expresidente Pedro Castillo el 7 de diciembre pasado.
Castillo fue destituido por el Congreso unicameral tras anunciar su disolución y la instauración de un Gobierno de excepción, y posteriormente fue detenido y condenado a 18 meses de prisión preventiva, acusado de rebelión y conspiración.
Tras esa detención, decenas de miles de personas salieron a protestar en diversos puntos del país para pedir la dimisión de Boluarte, la disolución del Parlamento y la convocatoria urgente de nuevas elecciones.
En ese marco, el Congreso aprobó ayer a la noche la tercera moción de interpelación contra el ministro del Interior, Vicente Romero, que tendrá que acudir al órgano legislativo el próximo jueves a responder preguntas sobre las muertes y heridos por el enfrentamiento entre policías y manifestantes.
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