Las protestas contra la reforma jubilatoria se multiplicaron en Francia, luego de que el presidente Emmanuel Macron la impusiera por decreto este jueves tras comprobar que no contaba con los votos necesarios para su aprobación en la Cámara baja.
Los manifestantes siguen marchando contra la decisión del presidente francés y varios sindicatos han frenado la actividad en grandes industrias y empresas del país en señal de protesta.
Las protestas contra la reforma jubilatoria se multiplicaron en Francia, luego de que el presidente Emmanuel Macron la impusiera por decreto este jueves tras comprobar que no contaba con los votos necesarios para su aprobación en la Cámara baja.
Las autoridades prohibieron las concentraciones en la plaza de la Concordia de París, situada frente a la Asamblea Nacional (Cámara baja, tras dos noches de manifestaciones que dieron lugar a incidentes con cientos de detenciones.
A la espera de la nueva jornada de protestas masivas convocada por los sindicatos el próximo jueves, los paros sectoriales ralentizan la actividad de la segunda economía de la Unión Europea (UE) y toneladas de basura se amontonan en sus principales ciudades.
La decisión de Macron de aprobar la reforma recurriendo a una disposición constitucional que le permite saltarse el voto legislativo dio impulso a la indignación popular, que venía mermando en los últimos días.
La medida agregó una crisis política a la social que ya enfrentaba el mandatario, a menos de un año de haber iniciado su segundo mandato de cinco años. Diputados de fuerzas opositoras presentaron dos mociones de censura, que se discutirán a partir del lunes. La aprobación de cualquiera de ellas (algo en principio poco probable) anularía el decreto presidencial y obligaría a la primera ministra, Elisabeth Borne, a presentar su renuncia.
Una de las mociones de censura contra el Gobierno fue presentada por el grupo parlamentario independiente LIOT y otra por el partido ultraderechista Agrupación Nacional, de Marine Le Pen, derrotada por Macron en la segunda vuelta de las dos últimas elecciones presidenciales.
La reforma que encendió las protestas en el país pretende retrasar la edad de la jubilación de 62 a 64 años para 2030 y adelantar a 2027 la exigencia de cotizar 43 años (y no 42 como ahora) para cobrar una jubilación completa.
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