Miércoles 29.7.2020
/Última actualización 19:29
El Gobierno de facto de Bolivia interpuso este miércoles una nueva denuncia contra el expresidente Evo Morales, esta vez con la acusación de "instigar las protestas" que el martes inundaron las calles de algunas ciudades para evitar que se vuelvan a retrasar las elecciones generales.
"Bolivia atraviesa una escalada de violencia armada, preparada y financiada por Evo Morales", acusó el ministro de la Presidencia, Yerko Núñez, citado por la agencia de noticias EFE.
La denuncia es contra Morales, el secretario ejecutivo de la Central Obrera Boliviana (COB), Juan Carlos Huarachi; la diputada Betty Yañíquez, como jefa de bancada parlamentaria del Movimiento Al Socialismo (MAS), y todos aquellos posibles "cómplices, coautores y encubridores", afirmó Núñez ante los medios en La Paz.
El Gobierno de facto los acusa de delitos contra la salud pública, instigación pública a delinquir, apología del delito, asociación delictuosa y destrucción o deterioro de bienes del Estado, destacó.
El ministro mostró una copia de la denuncia presentada ante la Fiscalía en La Paz y un video con un mensaje en Twitter de Morales en apoyo a las protestas del martes, fotos de Yañíquez durante una de las manifestaciones y de Huarachi junto con el exmandatario.
Núñez aseguró que el mensaje de apoyo por las redes sociales muestra que "Morales es el artífice de las protestas desde su mansión en Argentina", donde se encuentra exiliado hace meses.
A la vez, destacó la "gran afinidad" de Morales con el líder de la COB, una de las organizaciones convocantes de las protestas, y se preguntó qué hacía la diputada del MAS en la marcha.
Núñez calificó a las protestas de ayer como una "convocatoria de la muerte", por el riesgo de contagio por coronavirus.
Esta denuncia se suma a otras anteriores del Gobierno de facto contra el exgobernante indígena, que está acusado por la Fiscalía de delitos como "terrorismo" en distintos procesos.
Bolivia vivió ayer una jornada de protestas opositoras en demanda de la celebración de elecciones en septiembre, en vez de su aplazamiento a octubre, en las que predominaron consignas contra la presidenta, Jeanine Áñez.
Para el Gobierno de facto, las protestas tienen como objetivo de desgastar a Áñez, candidata presidencial en las próximas elecciones.
El Tribunal Supremo Electoral anunció la semana pasada que los comicios se retrasan del 6 de septiembre al 18 de octubre bajo el argumento de facilitar la votación con menor riesgo de contagios de Covid-19, a lo que Morales se opuso.
El expresidente acusó a la corte de tomar una medida inconstitucional y de buscar perpetuar a Áñez en el poder y proscribir a su partido, el favorito en todas las encuestas.
Las elecciones ya se habían pospuesto de mayo a septiembre por la emergencia sanitaria en el país, que acumula 2.720 fallecidos y 72.327 casos confirmados de la enfermedad.
Los comicios para elegir presidente, vicepresidente, diputados y senadores están pendientes en Bolivia desde que se anularon los de octubre del año pasado, en los que Morales había sido declarado vencedor para un cuarto mandato seguido, entre denuncias de fraude que están bajo investigación judicial y que el líder del MAS siempre rechazó.
Por el contrario, Morales denuncia que fue forzado a dejar el poder por un golpe de Estado en medio de presiones de militares y policías.