Un joven de 21 años murió este martes como víctima de los disparos de un grupo de tres activistas mapuches en la localidad chilena de Cañete, al sur del país, quienes previamente incendiaron unas cabañas de la zona.
Un joven de 21 años murió este martes como víctima de los disparos de un grupo de tres activistas mapuches en la localidad chilena de Cañete, al sur del país, quienes previamente incendiaron unas cabañas de la zona.
Así lo informó el subsecretario del Interior, Juan Francisco Galli, quien lamentó la muerte de esta persona, identificada como Moisés Orellana por la prensa local, a consecuencia de “un conflicto en el que no tenía ninguna parte”.
Según relató Galli a los periodistas, el presunto grupo de activistas mapuches atacó tres cabañas de la localidad de Cañete, de las que sacaron a las familias que vivían en ellas para luego incendiarlas.
En su huida, los atacantes se toparon con un vehículo, contra el que dispararon, causando la muerte del joven e hiriendo al resto de ocupantes.
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El atentado incendiario fue “reivindicado y justificado” en petición de la aplicación del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre Pueblos Indígenas y Tribales, comentó el subsecretario.
Esta es una reivindicación habitual del pueblo mapuche para que sus presos tengan una sanción penal diferente que respete sus costumbres y puedan, por ejemplo, cumplir el presidio en arresto domiciliario en sus comunidades.
“Ninguna demanda, por legítima que sea, justifica estos niveles de violencia, menos aún cuando hoy tenemos que lamentar la muerte de un joven de 21 años producto de un ataque armado”, expresó Galli.
En La Araucanía y otras regiones del sur de Chile existe desde hace décadas el llamado “conflicto mapuche”, que enfrenta a comunidades indígenas con empresas agrícolas y forestales que explotan tierras consideradas ancestrales.
En este marco, son frecuentes desde hace años los ataques incendiarios a maquinaria agrícola y predios, aunque en las últimas semanas la disputa ha subido de intensidad y se han registrado además ocupaciones de edificios municipales y huelgas de hambre de presos indígenas.
Mediante estas huelgas, los detenidos piden que se les aplique el convenio 169 de la OIT, reclamo que encuentra eco en los activistas mapuches que los apoyan desde el exterior.
En las últimas semanas volvió a tomar relevancia la huelga de hambre del líder mapuche Celestino Córdova, encarcelado por asesinato, quien tras 107 días llevando a cabo esa medida de presión alcanzó este martes un histórico acuerdo con el Gobierno de Chile que le permitió pasar hasta 30 horas en su domicilio para encabezar un ritual mapuche.