El presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, instó este miércoles al gobierno argentino a explicitar si hace suyas las palabras del embajador de la administración ante la OEA, Carlos Raimundi, quien relativizó el reciente informe de la ONU que denuncia múltiples y graves violaciones a los derechos humanos por parte del régimen de Nicolás Maduro.
“Yo quisiera saber si la representación de su embajador en la OEA es la representación del Ejecutivo en Argentina. Si la relativización del dolor, del sufrimiento humano en Venezuela representa al Ejecutivo en Argentina”, expresó Guaidó en una entrevista con el periodista Eduardo Feinmann.
Y agregó: “No podemos voltear la cara mientras hay un genocidio silencioso en Venezuela. No podemos relativizar el dolor. No hay neutralidad en materia de derechos humanos, en materia de la dignidad y los derechos fundamentales”.
En su locución durante la reunión extraordinaria del Consejo Permanente de la OEA, Raimundi aseguró que “Venezuela ha sufrido un fuerte asedio de intervencionismo” por lo que “hay una apreciación sesgada de lo que son las violaciones a los derechos humanos en determinados países”.
También dijo que la Argentina “no hace una lectura ideológica de los derechos humanos” y que el país se “centra en la persona que sufre”. “No son los derechos humanos para mi país un instrumento para tomar una posición ideológica”, expresó.
El informe de la ONU y la respuesta de Raimundi
Las declaraciones de Raimundi marcaron un fuerte contraste con aquellas realizadas por otros países de la región que han sido enfáticos a la hora de reconocer el documento presentado por la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet, y condenar al régimen de Maduro. Entre ellos se cuentan Uruguay, Brasil, Ecuador y Colombia.
La Misión de la ONU constató numerosos actos de tortura y otros malos tratos. Además, identificó las técnicas de las fuerzas chavistas para lastimar y humillar a los presos políticos, entre los que se encuentran fuertes golpizas; asfixia con sustancias tóxicas y agua; reclusión prolongada; violencia sexual y de género, entre otras.
La pesquisa también detalló 33 casos (21 hombres y 12 mujeres) en los que el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) arrestó, detuvo y torturó o maltrató arbitrariamente a personas por motivos políticos. La mayoría de las detenciones se produjeron tras un período de vigilancia e investigación.
Además, detallan que las torturas se cometieron generalmente durante los interrogatorios para extraer confesiones o información, incluidas las contraseñas de teléfonos y de redes sociales, o para coaccionar a las personas detenidas para que se incriminaran a sí mismos o a otros, especialmente a dirigentes de alto perfil de la oposición, en la comisión de delitos.