Un tribunal de primera instancia chileno sobreseyó a siete de un total de 12 policías acusados por torturas contra manifestantes que protestaban en la capitalina Plaza Ñuñoa, en una sentencia que no obstante reconoce la "eventual" comisión de lesiones graves, informó este jueves la prensa local.
Fallo contundente
La justicia chilena sobresee a siete policías acusados por torturas a manifestantes
Gentileza 11:50
El fallo representa un segundo revés para la fiscalía, luego que el 6 de enero, la Corte de Apelaciones revocara la prisión preventiva para los uniformados, según informó el portal de noticias El Mostrador.
Ante la decisión, el fiscal Manuel Guerra dijo que "simplemente no compartimos la resolución y vamos a apelar del sobreseimiento definitivo. No obstante valoramos que se haya determinado que es la justicia ordinaria la que debe conocer del caso y no la judicatura militar".
En tanto, el abogado Mario Vargas, quien representa a gran parte de los carabineros, señaló que "en un fallo bastante contundente", insistió en que no se había acreditado delito de exceso de fuerza policial y que el sobreseimiento es definitivo "por no existir delito, ni participación".
Este caso generó polémica y constituye el primero de carabineros imputados por torturas en el marco de los operativos represivos lanzados por la crisis política que afecta a Chile desde el 18 de octubre.
Las imágenes del ataque, que se transmitieron por televisión, muestran a un grupo de efectivos de las Fuerzas Especiales chilenas agrediendo a un hombre mayor de 50 años.
Las protestas en Chile estallaron a mediados de octubre inicialmente como rechazo a la cuarta subida del precio del subte en pocos meses, pero crecieron rápidamente hasta transformarse en una contundente denuncia de la desigualdad social y en planteos sobre la necesidad de elaborar una nueva Constitución.
El presidente del país, Sebastián Piñera, que llegó a declarar el estado de emergencia desplegando a las Fuerzas Armadas, pidió perdón por no escuchar el clamor de los chilenos y propuso una "agenda social".
Para hacerla realidad, remodeló el gobierno e inició un diálogo con los partidos políticos, tanto opositores como oficialistas.
Más de 20 personas han muerto por la feroz represión desatada contra los manifestantes y varios organismo de derechos humanos, entre ellos Amnistía Internacional, Human Right Watch (HRW) y el local Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) ha denunciado torturas y otros abusos contra las personas detenidas en el marco de las protestas.
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