El Gobierno de Colombia aseguró que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) pueden visitar "mañana" sin "ningún problema" el país para relevar las cientos de denuncias de violencia institucional y policial contra manifestantes registradas en la presente crisis social que vive el país, de la cual se cumplirá un mes mañana.
Política internacional
A un mes de la crisis social, el Gobierno de Colombia le abre las puertas a la misión de la CIDH
Gentileza La oposición colombiana quiere que se investiguen y castiguen los excesos en el uso de la fuerza pública. 18:41
El anuncio oficial supone un cambio radical respecto de la posición mostrada por el Gobierno de Iván Duque hasta ayer y coincide con un duro pronunciamiento hecho público también el miércoles por la CIDH, que reclamó la urgente presencia de una delegación propia en el terreno colombiano.
El lunes último, la vicepresidenta y canciller Marta Lucía Ramírez le había dicho en Washington a la secretaria ejecutiva de la CIDH, María Claudia Pulido, que el ingreso de la delegación humanitaria no podría concretarse "en este momento", si bien "el Estado colombiano enviará toda la información solicitada recientemente por la Comisión, garantizándole a este organismo el acceso transparente a la información oficial y unificada de todas las entidades del Estado", reportó la agencia de noticias Europa Press.
Anoche, en rueda de prensa, la propia Ramírez se encargó de confirmar que ya no habría oposición oficial al ingreso al país de la delegación, aunque insistió en que probablemente sería mejor que esa visita se concretara "una vez entregados informes solicitados por la misma CIDH a autoridades colombianas y se haya concretado una audiencia convocada para el 29 de junio" por la comisión, según consignó hoy el diario El Tiempo.
La CIDH había advertido ayer sobre "fallecimientos, desapariciones, personas heridas y agresiones sexuales como consecuencia del uso desproporcionado e ilegítimo de la fuerza" en Colombia, en coincidencia con una nueva jornada de movilización y luego de que una marcha terminara con un Palacio de Justicia municipal incendiado y otro manifestante muerto por un disparo.
En tanto, la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, le entregó un informe sobre victimas civiles y uniformadas y distintas protestas que va del 28 de abril al 23 de mayo a Juliette de Riveros, representante de la alta comisionada para los DDHH de Naciones Unidas.
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El reporte menciona a 380 policías heridos, 17 de gravedad, y 361 civiles en la misma condición, cinco de ellos en delicado estado de salud.
En lo que va del paro nacional, se han registrado 775 protestas, de las cuales 238 fueron marchas; 78, bloqueos y 459, concentraciones en lugares públicos, que contaron con la participación de 240.000 personas.
"El 72 por ciento de los hechos en los que hay denuncias por exceso de fuerza de la Policía se concentran en cuatro puntos de la ciudad: portal de las Américas y alrededores, el portal de la 80 en Engativá; cerca del portal de Suba, en la autopista Sur, en cercanías con Soacha, y en la plaza de Bolívar, en el centro", añade el informe oficial, recogido por El Tiempo.
A diferencia de lo ocurrido en septiembre de 2020, cuando se desataron marchas en rechazo al asesinato del estudiante de derecho Javier Ordóñez, en las que murieron 10 personas y hubo 75 heridos por arma de fuego, esta vez no se ha confirmado ninguna muerte asociada a las marchas en la capital colombiana.
No obstante, la alcaldesa explicó que hay dos fallecimientos en investigación: “Dylan, un joven maravilloso, lo conocía; su energía, su trabajo, era un músico maravilloso del movimiento del hip-hop de Bogotá, aparentemente fue un accidente en su moto, con una tanqueta del Esmad (Escuadrón Móvil Antidisturbios), está en investigación; y de Daniel Alejandro, de 20 años, graduado de un colegio público en Kennedy, que falleció por un muy severo trauma craneoencefálico producido con un objeto contundente”, dijo.
Claudia López agregó en su lista 33 jóvenes manifestantes con lesiones oculares. Igualmente, aseguró que se tiene registro de 600 acciones de abuso de la fuerza contra algún ciudadano (golpiza, retención u hostigamiento).
Con información de Télam
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