Nicaragua otorgó nacionalidad al prófugo salvadoreño Salvador Sánchez Cerén

El Gobierno de Nicaragua otorgó este viernes (30.07.2021) la nacionalidad nicaragüense al expresidente de El Salvador Salvador Sánchez Cerén (2014-2019), quien es buscado por la Justicia de su país. La concesión de nacionalidad al político salvadoreño, un aliado del presidente de Nicaragua, el sandinista Daniel Ortega, fue publicada en el diario oficial La Gaceta.

"Se le otorga la nacionalidad nicaragüense al ciudadano Salvador Sánchez Cerén, originario de El Salvador" quien ha cumplido con los requisitos y formalidades establecidas en la Constitución política de Nicaragua, señala la resolución de Migración y Extranjería. La resolución también incluye a su esposa Rosa Margarita Villalta y a su hija Claudia Lissete Sánchez Villalta, de acuerdo con la instrucción emitida el 29 de julio y firmada por la ministra de Gobernación, Amelia Coronel.

La medida también beneficia a Juan Carlos Guardado Sánchez, nieto de Sánchez Cerén y relacionado con un caso de corrupción. "El otorgar la nacionalidad nicaragüense es un acto soberano del Estado de Nicaragua", resaltó el Ejecutivo.

El expresidente salvadoreño es acusado de corrupción por supuestamente recibir pagos irregulares en la Administración de Mauricio Funes (2009-2014), quien también obtuvo la nacionalidad nicaragüense en 2019. Tanto Sánchez Cerén como Funes gobernaron El Salvador en representación del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), partido cercano al Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) de Nicaragua.

Buscado por Interpol

El pasado miércoles, el ministro de Justicia y Seguridad de El Salvador, Gustavo Villatoro, informó que Sánchez Cerén había salido del país con rumbo a Nicaragua. Ese mismo día, un juez de paz de El Salvador ordenó la búsqueda y captura internacional con la ayuda de Interpol del expresidente y otros cuatro exfuncionarios, todos por cargos de corrupción.

Según la Fiscalía salvadoreña, Sánchez Cerén recibió 530.000 dólares en sobresueldos irregulares cuando era vicepresidente (2009-2014), bajo el Gobierno de Funes, quien a su vez es investigado por supuesta malversación de 351 millones de dólares del presupuesto estatal.