La Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, denunció este viernes que más de 2.000 personas murieron en lo que va del año en barrios pobres de Venezuela durante operaciones de seguridad y expresó su "preocupación" por esos hechos.
Además, pidió al Gobierno de Nicolás Maduro que continúe con las liberaciones de las personas que fueron "privadas arbitrariamente de su libertad por ejercer sus derechos".
"Me preocupan los altos números de muertes de jóvenes en barrios marginados como resultado de operativos de seguridad" en Venezuela, dijo la expresidenta de Chile ante el Consejo de Derechos Humanos (CDH) en Ginebra.
"Mi oficina registró 711 muertes de junio a agosto, llegando a más de 2.000 desde enero de 2020", añadió, citada por la agencia de noticias AFP.
En concreto totalizan 2.039 víctimas mortales desde el inicio del 2020, de una edad promedio de 26 años y de las cuales 11 eran mujeres.
La oficina de Derechos Humanos de la ONU, que tiene representantes en Venezuela e informa regularmente al Consejo de Derechos Humanos sobre la situación del país, siguió documentando casos de represión en manifestaciones pacíficas después de que comenzara el estado de alerta establecido en marzo para mitigar la propagación del coronavirus.
"Observamos restricciones a la libertad de expresión", expresó Bachelet, citando ataques a defensores de los derechos humanos y periodistas detenidos.
"Es crucial que en los próximos meses se proteja el espacio cívico y democrático, y se continúe con las liberaciones de todas las personas que siguen privadas arbitrariamente de libertad por ejercer sus derechos", enfatizó.
La expresidenta chilena también expresó su preocupación por una serie de medidas adoptadas por Caracas, en particular los cambios en el sistema electoral y la composición de la Asamblea Nacional, así como las decisiones del Tribunal Supremo de Justicia "que obstruyen la libertad de selección de los representantes de siete partidos políticos"
Con preocupación por los recientes cambios, pidió a las autoridades "seguir trabajando en la construcción de acuerdos para alcanzar condiciones para el desarrollo de procesos electorales creíbles, libres, inclusivos y equitativos".
Además, reiteró su llamado a levantar las sanciones económicas internacionales, una emergencia preexistente ahora agravada por la pandemia del coronavirus.
Venezuela es objeto de sanciones económicas por parte de Estados Unidos, pensadas para poner al presidente Nicolás Maduro bajo presión, incluyendo un embargo sobre el petróleo, el principal recurso del país.
"La imposición de sanciones adicionales a las exportaciones de diésel puede agravar aún más la ya crítica escasez de gasolina y obstaculizar la distribución de ayuda humanitaria y bienes esenciales", dijo la jefa de Derechos Humanos de la ONU.