El Litoral | Télam
La oposición venezolana solicitó al presidente Nicolás Maduro la derogación de su controvertido "plan de recuperación", alegando que profundiza la crisis y elimina el poder de compra de los ciudadanos
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La oposición venezolana exigió al presidente Nicolás Maduro la derogación de su controvertido "plan de recuperación", al sostener que profundiza la crisis y disuelve el poder de compra de los ciudadanos, al tiempo que reclamó "medidas responsables" en materia económica.
El antichavismo, que controla el Parlamento, aprobó anoche un acuerdo que demanda "la suspensión de manera inmediata" del plan económico, que Maduro puso en marcha hace poco más de tres meses en un intento por sacar al país caribeño de la grave crisis que atraviesa.
En el documento se señaló que el gobierno no tomó las "medidas estructurales para controlar la espiral inflacionaria" y, por el contrario, se ha alimentado "la impresión de dinero para financiar el gasto público, que genera como consecuencia una caída de la demanda de dinero con respecto a su oferta".
Asimismo, indicó que "el aumento vertiginoso del gasto público" genera un incremento "acelerado de precios" y que como consecuencia de la espiral hiperinflacionaria, el salario mínimo, incrementado la semana pasada en 150 %, ya perdió "más del 70 % del poder adquisitivo que tenía en agosto", cuando entró en vigencia el plan.
El Parlamento afirmó que los efectos son "catastróficos" para los venezolanos y demandó la adopción de medidas "responsables", según informaron medios venezolanos.
El legislador José Guerra dijo durante el debate que desde que fue puesto en marcha el plan, que contempla incremento de sueldos, congelación de precios, reforma fiscal y una reconversión monetaria, el costo de la vida se disparó y solo el pasado septiembre la inflación alcanzó los 233 puntos.
"Con una tasa de inflación de esa magnitud era evidente que el salario se iba a disolver, como se disolvió", aseguró.
Asimismo, declaró que si el plan económico de Maduro hubiese funcionado el mandatario no hubiera hecho un incremento salarial a los tres meses de haberlo implementado y alertó sobre la posibilidad de otros dos aumentos antes de febrero de 2019.
En ese sentido, dijo que la "posición" de su fracción -del partido Primero Justicia en el que milita el líder opositor Henrique Capriles- "es la creación de empresas" para que el trabajo sea "libre" y los venezolanos puedan "comprar lo que quieran, cuando y cuanto quieran".
Los opositores también debatieron los primeros puntos de un proyecto de ley que permitirá, en el marco de una transición política, recuperar dinero y activos robados al tesoro público, un desfalco que una comisión legislativa estima en 400.000 millones de dólares.
Pese a sus esfuerzos, el Parlamento venezolano fue declarado en "desacato" por el Supremo hace ya casi tres años y sus decisiones no son tomadas en cuenta por el Ejecutivo.
Los legisladores opositores suelen señalar que se mantendrán en sus puestos en defensa de la institucionalidad y para crear un marco jurídico que ayude a los actores de una eventual transición política en Venezuela.