El Parlamento israelí votó en contra de la creación de un Estado palestino
La mayoría de los legisladores israelíes respaldaron una moción que se opone a la alternativa geopolítica por la que se inclina la mayoría de las naciones árabes y las aliadas a estas últimas, en respaldo a un histórico reclamo del pueblo de Palestina. Según la declaración del cuerpo legislativo, dicha constitución "supondría un peligro existencial" para Israel.
El Parlamento israelí votó en contra de la creación de un Estado palestino
El Parlamento israelí votó este jueves en contra de la creación de un Estado Palestino, al afirmar que en la actualidad "representaría una amenaza existencial", en momentos en que el ejército de Israel lleva a cabo su ofensiva en la Franja de Gaza, pese a los múltiples llamados internacionales a un cese el fuego. El primer ministro de Israel, Benjamin "Bibi" Netanyahu, que gobierna en virtud de la existencia de una coalición de formaciones de extrema derecha y formaciones judías ultraortodoxas, está enfrentado a la presión de su principal aliado, Estados Unidos, que junto a Qatar y Egipto están mediando para conseguir una tregua en Gaza y la liberación de los rehenes israelíes.
El primer ministro israelí insistió esta semana que es "el momento de aumentar aún más la presión" sobre el grupo terrorista Hamás: "Los tenemos agarrados por el cuello. Nos dirigimos a la victoria absoluta", recalcó Netanyahu ante el Parlamento. La resolución simbólica aprobada por el Parlamento israelí (la Knéset) afirma que "la creación de un Estado palestino, en territorios ocupados por Israel, perpetuaría el conflicto y desestabilizaría la región".
"La Knéset de Israel se opone firmemente a la creación de un Estado palestino al oeste del río Jordán", indicó el texto, que afirma que el establecimiento de esta entidad "supondría un peligro existencial para el Estado de Israel y sus ciudadanos". La resolución afirmaba que "promover" un Estado palestino alentaría "a Hamás y a sus partidarios", tras el ataque del 7 de octubre del año pasado.
La creación de un Estado palestino en los territorios ocupados por Israel tras la guerra de los Seis Días de 1967 se ha mantenido durante décadas como una piedra angular de los esfuerzos diplomáticos de la comunidad internacional para resolver el conflicto. Los Acuerdos de Oslo en la década de 1990 permitieron la creación de la Autoridad Palestina, que ejerce una administración parcial en Cisjordania ocupada, y su vocación era avanzar una negociación para la creación de un Estado palestino.
Informe de la CIJ sobre los territorios ocupados
La decisión del Parlamento israelí se da a escasas horas de que la Corte Internacional de Justicia de La Haya (CIJ) de a conocer su dictamen sobre la política de ocupación de Israel en los territorios palestinos. ¿De qué se trata? De acuerdo a lo analizado por Lucia Schulten para Deutsche Welle, durante la jornada de este viernes, 19 de julio, la CIJ tiene previsto presentar su informe sobre "las consecuencias jurídicas de las políticas y prácticas de Israel en los territorios palestinos ocupados, incluida Jerusalén Este".
El documento fue solicitado a finales de diciembre de 2022 por la Asamblea General de la ONU, es decir casi un año antes de los acontecimientos del 7 de octubre de 2023, que desencadenaron la actual guerra entre Israel y el grupo terrorista Hamás. Ese día, unas 1.200 personas murieron en un ataque terrorista del grupo islamista palestino y más de doscientas cincuenta fueron tomadas como rehenes y llevadas a la Franja de Gaza, según cifras israelíes. Según información no verificable de la autoridad sanitaria de Hamás, el contraataque israelí ha costado hasta el momento más de 38.000 vidas.
Destrozos en el campamento de refugiados de Nuseirat, en el centro de Gaza, el 18 de julio de 2024. Crédito: Xinhua/Marwan Dawood
Se espera que la CIJ responda esencialmente a las cuestiones planteadas en su momento por la ONU en relación con "las consecuencias jurídicas de la continua violación del derecho del pueblo palestino a la autodeterminación por parte de Israel", así como de "su continua ocupación, poblamiento y anexión de los territorios palestinos ocupados desde 1967". La CIJ también evaluará el estatus jurídico de la ocupación de los territorios y las consecuencias resultantes para la ONU y los Estados.
El "territorio palestino ocupado" incluye, entre otros, Cisjordania y Jerusalén Este, que fueron conquistados en la Guerra de los Seis Días en 1967. El número de colonos en Cisjordania y Jerusalén Este juntos asciende a 700.000. En su evaluación más reciente de estos asentamientos, en la Resolución N° 2334 de 2016, el Consejo de Seguridad de la ONU los calificó como "una violación flagrante del derecho internacional" y pidió a Israel que detenga inmediatamente todas las actividades de asentamiento.
La CIJ también debería pronunciarse sobre el estatus de Jerusalén Este. Israel declaró toda el área de Jerusalén su capital "unida y eterna", en 1980. Este paso se considera anexión de facto. El Consejo de Seguridad lo declaró nulo y sin efecto y la mayoría de los Estados no reconocen la medida. Los palestinos reclaman la zona como su capital con vistas a un futuro Estado.
Para Israel, la postura de la ONU es "tendenciosa"
En febrero de este año, la CIJ pasó alrededor de una semana escuchando declaraciones de los representantes de 49 Estados miembros de la ONU, así como de tres organizaciones internacionales y representantes palestinos. Entre ellos se incluyen países europeos como Francia y España, pero también Estados Unidos, Rusia y China. La mayoría de los Estados habían pedido el fin de la ocupación israelí de los territorios palestinos.
Israel no estuvo presente en las audiencias, en lo esencial porque rechaza la postura de la Asamblea General de la ONU por parcial y tendenciosa. En un documento presentado en julio de 2023, justamente, el gobierno israelí calificó las preguntas planteadas al tribunal de la CIJ de "tendenciosas" y de "clara distorsión de la historia y la realidad actual del conflicto palestino-israelí". A la luz de los acontecimientos del 7 de octubre y de las necesidades de seguridad de Israel, el representante estadounidense pidió a la Corte que no ordene una retirada "inmediata e incondicional".
Si bien el informe de la CIJ no es jurídicamente vinculante, la institución con sede en los Países Bajos ya aclaró que la organización solicitante, en este caso la Asamblea General de la ONU, puede decidir qué hacer con el resultado. En cualquier caso, indicó, considera que tal opinión "tendría gran peso legal y autoridad moral". En particular, recalcó la CIJ, "el informe podría aumentar la presión política sobre Israel con respecto a la situación en la Franja de Gaza".