Jueves 24.5.2018
/Última actualización 10:58
Hace cuatro años, el país prácticamente se dividió en dos bloques. Por un lado, el presidente Juan Manuel Santos buscaba ser reelegido y protagonizaba una compleja negociación que dos años y medio después representó el final como guerrilla de las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia).
En el otro lado estaba Óscar Iván Zuluaga, candidato del Centro Democrático, el partido de derecha radical liderado por el ex presidente Álvaro Uribe (2002-2010), quien proponía acabar con la negociación y reprimir militarmente al grupo armado.
Aunque los candidatos y el escenario son diferentes ahora, la polarización del país no varía mucho, pues quien ha liderado las encuestas de las últimas semanas es Iván Duque, del Centro Democrático, quien compite frente a otros candidatos que, con matices, respaldan el acuerdo de paz.
La ruptura que se vive en Colombia en este tema no solo se observó durante los cuatro años que duró el proceso de paz, llevado a cabo en Cuba, sino también en el plebiscito convocado por Santos a finales de 2016 y en el que la población estaba llamada a refrendar o rechazar el texto del acuerdo.
El "No" se impuso aquella vez sobre el "Sí" con un 50,21 de los votos frente a un 49,78, lo que obligó a la reapertura de la negociación y a la firma de un segundo acuerdo, ratificado por el Congreso.
Santos confía en que su sucesor seguirá llevando a la práctica el acuerdo que permitió la desmovilización y desarme de unos 7.000 guerrilleros, del que advierte que tiene un blindaje constitucional, pero Duque promete que hará reformas, especialmente en el tema de la aplicación de justicia.
El candidato que representa a Uribe, el principal opositor de Santos, critica la Jurisdicción Especial para la Paz, un sistema de justicia transicional para juzgar con penas alternativas a los ex miembros de las FARC y otros actores del conflicto armado.
Duque ha suavizado la postura del Centro Democrático en la campaña, pues habla de "reformas" unilaterales del acuerdo, cuando en el plebiscito su partido lideró el voto por el "No" y algunos de sus dirigentes sostienen que el pacto sencillamente debe ser hecho "trizas".
"Respeto a los que creen en el acuerdo pero tengo mis observaciones. La justicia transicional no puede ser un monumento a la impunidad", afirma Duque.
Los otros candidatos tienen diversas posturas sobre el acuerdo de paz, pero coinciden en términos generales en la necesidad de seguir implementándolo y de corregir los errores atribuidos al Gobierno saliente, como la demora en el inicio de programas productivos para facilitar la reinserción de los ex guerrilleros a la vida legal.
Quien defiende con más ahínco el acuerdo es Humberto de la Calle, el candidato del Partido Liberal, que forma parte de la actual coalición de Gobierno pero presentó su propia candidatura. La defensa es obvia, pues fue el jefe del equipo negociador del Gobierno en el proceso de paz.
De la Calle ha mostrado su temor ante un posible fracaso del acuerdo por los eventuales cambios que le haga el próximo presidente y por las demoras en el cumplimiento de varios puntos por errores del actual Gobierno, con el que ha marcado algunas distancias.
Según De la Calle, las FARC "tampoco han dado el paso de mostrar empatía suficiente con los colombianos", mientras que al Gobierno que representó en la negociación "le ha quedado grande la implementación".
El candidato de un sector del oficialismo de centro-derecha, Germán Vargas Lleras, que hasta el año pasado fue vicepresidente, mostró algunas discrepancias con Santos durante el proceso de paz, pero afirma que el acuerdo se debe cumplir.
Asimismo, Sergio Fajardo, candidato de una alianza de centro-izquierda, sostiene que el acuerdo tiene que cumplirse inclusive de una forma más rápida, corrigiendo los retrasos por culpa del Gobierno.
El candidato del movimiento izquierdista Colombia Humana, Gustavo Petro, que perteneció a la guerrilla del M-19, afirma que el acuerdo con las FARC debe ser respetado y que en un Gobierno suyo se profundizará el concepto de paz con justicia social para reparar a las víctimas del conflicto armado.
La actual campaña se cumple en medio del posconflicto con las FARC y de la difícil negociación con el Ejército de Liberación Nacional (ELN), el único grupo guerrillero que sigue vigente en el país.