El caso de Richard Choque, un asesino y violador serial de 32 años y que se cree que violó al menos a 77 mujeres y asesinó al menos tres mujeres y un hombre, mantiene conmocionada a toda Bolivia. Mientras las autoridades intentan esclarecer a cuántas víctimas asesinó el joven y qué funcionarios judiciales fueron cómplices, el sistema político, impactado, pone sobre la mesa la utilidad de una medida que en Bolivia fue derogada hace no tanto tiempo: la pena de muerte.
Choque fue recapturado el 24 de enero de 2022 luego de que una mujer a la que había violado pudo denunciarlo. Tras su detención, se comprobó que el hombre había contactado a unas 77 mujeres a través de redes sociales para, utilizando perfiles falsos, encontrarse y abusar sexualmente de ellas. Además, se lo investiga por el asesinato de al menos dos mujeres, desaparecidas desde 2021, y por la muerte de su propio primo, cometida en 2011.
Tenés que leerEscándalo en Bolivia: dejaron libre a un femicida y violador serial y el expediente "desapareció"Con la intención de determinar cuántos crímenes pudo haber cometido el hombre en su vida, las autoridades habilitaron la demolición de la vivienda en la que Choque residía en el barrio Ballivián de la ciudad de El Alto. Es que en los primeros allanamientos se encontraron los restos de al menos dos mujeres y del hombre enterrados en la casa, por lo que se presume que pueda haber más cuerpos ocultos en el lugar.
Las actuaciones fueron seguidas de cerca por vecinos y organizaciones feministas que ya se habían manifestado días atrás reclamando todo el peso de la ley sobre Choque y que se investigue a los contactos que, dentro de la Justicia, facilitaron que fuera excarcelado, volviera a cometer asesinatos, violaciones y extorsiones.
En paralelo, el sistema político boliviano busca dar un duro mensaje contra el femicida. En ese marco, el diputado Héctor Arce Rodríguez, del oficialista Movimiento Al Socialismo (MAS), se manifestó a favor de considerar la pena de muerte para casos como el del asesino y violador serial.
"Esta gente que mata, que viola sin piedad no debería vivir más. Richard Choque no debería vivir más. Para este tipo de personas deberíamos tener la pena de muerte", dijo el diputado en declaraciones recogidas por la emisora local Radio Splendid.
El legislador fue un paso más y propuso que "todo 6 de agosto se debería ejecutar a este tipo de personas", en referencia a la fecha en que cada año se conmemora la independencia de Bolivia.
¿Quién fue el último condenado a muerte en Bolivia?
La pena de muerte no es un tema saldado hace tanto tiempo para los bolivianos. Hasta 1997, la pena capital era legal en el país. El 27 de enero de ese año, la ejecución de condenados fue derogada "en tiempos de paz". Recién en 2013 la abolición de la pena de muerte sería definitiva en cualquier circunstancia.
A pesar de que fue legal hasta 1997, para encontrar la última ejecución de un reo en Bolivia hay que remontarse al año 1974, cuando el país se encontraba bajo el gobierno de facto del general Hugo Banzer. El condenado a la pena capital fue Melquíades Suxo, un hombre que entonces tenía 54 años y que había sido condenado a muerte por haber violado, torturado y asesinado a María Cristina, una niña de cuatro años.
El crimen se produjo en 1972, cuando Suxo secuestró a la niña y la sometió, junto a su hijo, a vejámenes durante varios días, antes de dejar el cuerpo sin vida abandonado. La sentencia contra Suxo dispuso su muerte "mediante fusilamiento". Otra particularidad de la condena es que debía ser "pública" y "cerca del lugar de los hechos".