El Tribunal Constitucional de Perú ordenó el jueves (17.3.2022) liberar al expresidente Alberto Fujimori. Actualmente el exdictador cumple una condena de 25 años de cárcel. A sus 83 años recuperará su libertad, ya que se le restituirá un indulto otorgado en diciembre 2017 y anulado en octubre de 2018.
Expresidente detenido
Perú: la Corte Constitucional ordena liberar al expresidente Fujimori
Alberto Fujimori cumple una condena de 25 años de cárcel por los crímenes de La Cantuta y Barrios Altos, y a sus 83 años recuperará su libertad.
Internet Fujimori, próximo a cumplir 80 años y quien gobernó con mano dura de 1990 a 2000, se mantiene alejado de la mirada pública desde que dejó la prisión. 20:00
Tras ser extraditado desde Chile en 2007, Fujimori fue condenado por las matanzas de Barrios Altos (15 muertos, incluido un niño de 8 años) y de La Cantuta (10 muertos), perpetradas por un escuadrón militar durante su gobierno.
Según una fuente judicial, el "TC declaró fundada la demanda de hábeas corpus" en favor de Fujimori, que gobernó entre 1990 y 2000, lo que permite su liberación en los próximos días. Los fallos de este tribunal son inapelables.
Único recluso
La votación en el Tribunal, conformado por seis magistrados, arrojó un empate de tres votos a favor y tres en contra de acoger el hábeas corpus. Pero el presidente del TC, Augusto Ferrero, inclinó la balanza a favor de Fujimori, debido a que su voto se cuenta como doble. "La norma dice que cuando hay empate, el presidente tiene doble voto o voto de calidad", explicó la fuente judicial a la agencia AFP.
Fujimori es el único recluso del pequeño penal Barbadillo, ubicado en el cuartel de la Dirección de Operaciones Especiales de la Policía, en el este de Lima, al que regresó el lunes (14.3.2022), luego de permanecer 11 días en una clínica por problemas cardiacos. Ahí cultiva flores, pinta cuadros al óleo y recibe visitas familiares.
Por otro lado, antes de que se diera a conocer la liberación del expresidente, un grupo de seis organizaciones peruanas dedicadas a la defensa de las víctimas de las matanzas de Barrios Altos (1991) y La Cantuta (1992) anunció que pidió a la Corte Interamericana de Derechos Humanos que adopte medidas provisionales para garantizar el acceso a la Justicia de las víctimas.
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