El Litoral
La Fiscalía de la Audiencia Nacional de España pidió que se dicte una orden de detención europea y una orden de búsqueda y captura internacional.
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Télam
La Fiscalía de la Audiencia Nacional de España solicitó una orden de detención internacional contra el destituido presidente catalán Carles Puigdemont y otros cuatro miembros de su ex gobierno, por eludir su citación judicial para declarar como imputados por rebelión, sedición y malversación de fondos, por intentar la secesión de Cataluña.
En un escrito entregado a la jueza del caso, Carmen Lamela, el teniente fiscal de la Audiencia Nacional, Miguel Ángel Carballo, pidió que se dicte una orden de detención europea y una orden de búsqueda y captura internacional contra los cinco políticos secesionistas que presuntamente se encuentran en Bruselas, Bélgica.
Periodistas españoles reportaron haber visto al ex presidente desayunando esta mañana en la capital belga, a donde viajó el lunes de incógnito entre rumores de que iba a solicitar asilo, y el martes ofreció una conferencia de prensa.
"El querellado Carles Puigdemont Casamajo ha manifestado públicamente su intención de no comparecer y ha solicitado, como también lo han hecho Antonio Comín y Meritxell Serret Aleu, efectuar declaración por videoconfefencia, sin ofrecer dato alguno sobre su paradero", aseguró Carballo en su pedido.
No obstante, los abogados de al menos dos ex consejeros catalanes habían pedido por escrito declarar por videoconferencia desde Bruselas, algo que fue rechazado por la jueza al no existir ninguna razón que justificara la ausencia de los acusados, según fuentes judiciales.
Desde Bélgica, el abogado de Puigdemont, Paul Bekaert, anunció ayer que Puigdemont no acudiría a la Audiencia Nacional de Madrid a declarar y sugirió que fuese interrogado en la capital belga, aunque no hay constancia de que hiciera la solicitud formal.
Luego Puigdemont publicó un comunicado en el que afirmó que él y los otros cuatro políticos que se quedaban en Bruselas "en ningún caso" tenían la intención de eludir la acción de la Justicia, pero las citaciones habían llegado "de un día para le otro", y responderían de acuerdo con los mecanismos previsto por la Unión Europea (EU), en referencia implícita a la posibilidad de declarar por videoconferencia.
"El gobierno legítimo de Cataluña" afronta las citaciones como un "juicio político" y asume "las penas de prisión que les esperan como una denuncia de la situación que vive la democracia en España y como un grito a favor de la libertad de nuestro pueblo", remarcó el líder secesionista, quien pretende estar al frente de un gobierno paralelo en el "exilio".