Piden embargar a Lula da Silva por 7,2 millones de dólares

El Litoral

Télam

El Ministerio Público (Fiscalía) de Brasilia pidió a la justicia que ordene el embargo de bienes contra el ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva (2003-2010) y su hijo Luiz Claudio por 23,9 millones de reales (7,2 millones de dólares) por supuestas irregularidades con la industria automotriz durante su gestión y la compra de aviones para la Fuerza Aérea.

La medida fue pedida por el fiscal Hebert Mesquita en el marco de una causa penal en la que ambos son investigados por supuestas irregularidades en la emisión de decretos que, cuando Lula estaba en el poder, favorecieron con diversos incentivos fiscales a empresas del sector automotor.

Según confirmó el Ministerio Público en la solicitud presentada hoy ante la justicia se plantea un bloqueo de bienes contra Lula por un valor de 21,4 millones de reales (6,48 millones de dólares), que llega a 2,5 millones de reales (757.000 dólares) en el caso de su hijo, sospechoso de intermediar negociaciones con las empresas.

Lula es uno de los líderes políticos más populares y carismáticos del país, que se postula nuevamente a un tercer mandato en las elecciones presidenciales que se celebrarán en 2018, y que todas las encuestas dan como favorito, incluso con la posibilidad de ganar en primera vuelta.

Sin embargo, y aunque encabeza todas las encuestas de opinión, sus aspiraciones dependen de la justicia, pues responde ante los tribunales en siete causas penales por supuesta corrupción, en una de las cuales ya ha sido condenado a nueve años y medio de prisión, aunque hasta el momento sólo en primera instancia.

Según las leyes brasileñas, si esa condena o alguna de las que pudiera recibir en los procesos aún en trámite fuera confirmada por instancias superiores antes de los comicios, previstos para octubre del año próximo, Lula no podría ser candidato a ningún cargo electivo.

La oficina de prensa del ex presidente informó que el patrimonio de Lula no cubre la cifra de la que habla el fiscal de la Operación Zelotes y que está actualmente embargado por el juez Sergio Moro, de la Operación Lava Jato, que ya condenó al ex mandatario a 9 años y medio de prisión.

El abogado de Lula, Cristiano Zanin Martins, dijo en un comunicado enviado a la prensa "no existe una base jurídica y materialidad en el pedido".

"Existe un claro objetivo de persecución política contra Lula y su familia. No hay indicación de pruebas en la acusación".

La denuncia apunta a la actuación de Lula (2003-2110) sobre la compra hecha por el gobierno de Dilma Rousseff, su sucesora, de los 36 aviones cazas a la empresa sueca Gripen para la Fuerza Aérea.

Lula públicamente dijo que personalmente se inclinaba por comprar aviones franceses, pero que el gobierno de Rousseff decidió incluso en contra de su opinión, como argumento.

También involucra al ex presidente en la renovación de una resolución de incentivos fiscales hecha por el Congreso a las automotrices que había sido aprobada inicialmente por el gobierno de Fernando Henrique Cardoso, en 1999.