El Litoral
El Tribunal Constitucional denegó este miércoles el pedido de excarcelación del líder secesionista Jordi Sánchez, quien fue propuesto como candidato para ser investido presidente del gobierno catalán el próximo lunes.
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Télam
Esta decisión judicial es independiente de la que tiene que adoptar el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena, quien se deberá pronunciar, concretamente, sobre la puesta en libertad de Sánchez para asistir a su sesión de investidura.
El pleno del Tribunal Constitucional rechazó excarcelar al presidente de la Asamblea Nacional Catalana (ANC) en respuesta a un pedido de amparo que presentó su defensa en noviembre y empezó a tramitarse en febrero.
Los jueces no se pronunciaron sobre el fondo del recurso -la ilegalidad de su detención-, sino respecto al pedido de que se suspendiera su prisión preventiva de forma cautelar.
El pleno señala en su resolución que la jurisprudencia es contraria a la suspensión de medidas privativas de libertad, aunque afecten el derecho fundamental d ella libertad personal.
En este caso concreto, además, el tribunal recuerda que Sánchez actualmente está en prisión por decisión del juez del Supremo Pablo Llarena y el recurso presentado se refiere a la medida adoptada previamente por la jueza de la Audiencia Nacional Carmen Lamela en octubre de 2017.
Lamela fue quien inicialmente ordenó prisión sin fianza para Sánchez, quien, no obstante, permanece encarcelado acusado de rebelión o sedición por un riesgo de reiteración delictiva que apreció el juez del Supremo en relación con los planes de secesión de los independentistas catalanes.
Este martes, el líder de la ANC también pidió a Llarena salir de prisión para asistir al pleno de su investidura, convocado por el presidente del parlamento catalán, Roger Torrent, para el próximo lunes 12 de marzo.
Llarena dio hoy un plazo de cinco días a las partes en la causa contra los secesionistas para que se pronuncien respecto a este pedido, con lo que en caso de que la Fiscalía o la acusación estiren al máximo los tiempos, Torrent se verá obligado a aplazar o suspender la sesión de investidura.
En caso que el Tribunal Supremo deniegue el pedido, algo que es previsible en línea con decisiones previas, la sesión no se podría celebrar debido a que el Tribunal Constitucional ya prohibió una investidura sin la presencia del candidato en el caso del ex presidente Carles Puigdemont.
Además del escollo judicial, la investidura de Sánchez está destinada al fracaso por no contar con los votos suficientes para salir adelante.
Mientras se mantenga la negativa de los anticapitalistas de la Candidatura de Unidad Popular (CUP) a votar a su favor, el candidato de Junts per Catalunya para suceder a Puigdemont no podrá ser elegido en primera votación por mayoría absoluta.