El Litoral
Télam
El Tribunal Supremo español denegó este jueves la excarcelación al líder secesionista Jordi Sánchez, y no podrá asistir al plenario de su investidura previsto para el viernes en el Parlamento catalán, lo que frustra una vez más la elección de un presidente en Cataluña.
El Litoral
Télam
El juez de instrucción Pablo Llarena rechazó tanto la puesta en libertad provisional de Sánchez como concederle un permiso penitenciario puntual para acudir a la sesión de investidura que está fijada para mañana a las 10 hora local (las 5 en la Argentina), y también que pueda intervenir en la cámara regional por vía telemática.
Llarena aseguró que existe un "riesgo grave" de reiteración delictiva "que no se conjura con ninguna de las medidas de libertad", ni la conducción policial o intervención en la sesión por videoconferencia, según la resolución judicial a la que tuvo acceso Télam.
En ese sentido, el magistrado dijo que la postulación de Sánchez a la presidencia del gobierno de Cataluña presenta elementos que apuntan "marcada y racionalmente a que su eventual mandato pueda orientarse hacia el quebranto de un orden constitucional".
Recordó que al "número dos" de Junts per Catalunya (JxC) se le ha limitado el ejercicio de sus derechos políticos de forma parcial -puede mantener su voto delegado-, precisamente "dadas las graves consecuencias que tendría su reincidencia, para los derechos constitucionales y políticos de todos los españoles".
En cuanto a la resolución del Comité de Derechos Humanos de la ONU que respaldó el pedido de excarcelación de Sánchez con el fin de que se "garanticen sus derechos políticos", el juez español subrayó que es sólo una recomendación no vinculante.
"El interés de evitar daños irreparables en los derechos políticos del procesado, no implica que ineludiblemente deba autorizarse el ejercicio completo de su contenido", sostuvo Llarena, quien recurrió una vez más al argumento de que dejar en libertad al dirigente secesionista supondría una amenaza para los derechos del resto de ciudadanos.
Tras esta decisión judicial, los independentista vuelven a situarse ante el dilema de tener que proponer otro candidato antes de que el 22 de mayo venza el plazo para formar gobierno y se convoquen automáticamente nuevas elecciones.
"Me parecería inconcebible que el magistrado no hiciera caso a la legalidad internacional, de Naciones Unidas, y a los derechos intactos de Jordi Sánchez. Espero que pueda acudir al pleno y afrontar la investidura", afirmó hoy antes de la decisión judicial el presidente del Parlamento catalán, Roger Torrent, quien ahora deberá resolver si cancela o sigue adelante con la sesión prevista para mañana.
"El presidente de la Generalitat (Ejecutivo catalán) no lo va a decidir un juez, un tribunal ni un despacho de un ministro a 600 kilómetros de distancia del Parlamento", remarcó el diputado en entrevista con la radio Cadena Ser.
Sánchez, "número dos" de la lista Junts per Catalunya (JxC) que encabezó el ex presidente Carles Puigdemont, está procesado por rebelión, junto con la cúpula de dirigentes que puso en marcha el proceso de secesión que llevó a la frustrada declaración de independencia del 27 de octubre del año pasado.
El ex presidente de la Asamblea Nacional Catalana (ANC) fue la segunda opción que presentaron los independentista de JxC y Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) tras la inviabilidad de la investidura a distancia del ex presidente Carles Puigdemont.
Pero Llarena le prohibió salir de prisión, con lo que su primera sesión de investidura prevista para el 12 de marzo tuvo que ser cancelada.
El "plan C" fue el ex consejero Jordi Turull, quien se encontraba en libertad provisional. Sin embargo, tras su primer intento de investidura fallido por la abstención de la Candidatura de Unidad Popular (CUP), Turull ingresó a prisión.
Fue entonces que los independentistas reactivaron la candidatura de Sánchez, al considerar que sus posibilidades habían cambiado por contar con el aval de la ONU.