Estados Unidos y la OEA suben el tono contra Ortega

Gabriela Selser | [email protected]
DPA

La vocera del Departamento de Estado, Heather Nauert, exigió el sábado la excarcelación de seis jóvenes detenidos por la Policía, entre ellos el dirigente universitario Edwin Carcache, representante de la opositora Alianza Cívica en el diálogo nacional.

“Estos estudiantes son el más reciente ejemplo de los miles de ciudadanos que han manifestado pacífica y democráticamente contra las acciones del Gobierno, solo para terminar siendo hostigados, detenidos, desaparecidos o incluso asesinados”, declaró Nauert en un comunicado titulado “Criminalización de la protesta en Nicaragua”.

Si bien cinco de los detenidos fueron liberados, Carcache sigue bajo arresto y fue acusado por un jefe de Policía de graves delitos, incluido el de “terrorismo, sin ser remitido hasta hoy a los tribunales como establece la ley”.

El pronunciamiento del Departamento de Estado estuvo precedido por duras declaraciones del secretario de la OEA, a quien la oposición nicaragüense hasta hace poco le recriminaba por no condenar a Ortega como lo hace con el presidente venezolano, Nicolás Maduro.

En un discurso ante la XV Cumbre Latinoamericana celebrada el viernes en la ciudad de Miami, Almagro comparó la situación de Nicaragua con la de Venezuela, a propósito de la renuencia de Managua de volver al diálogo con la oposición suspendido en julio pasado.

“Es inadmisible que otro país del continente se vaya por el despeñadero de la dictadura. Debemos también ser conscientes que no podemos permitir y que debemos en cada caso dar la respuesta desde la comunidad internacional para asfixiar la dictadura, también, que se viene instalando en Nicaragua”, afirmó.

Después de reunirse el jueves con campesinos, estudiantes y otros miembros de la sociedad civil del país que le presentaron denuncias sobre abusos a los derechos humanos, el diplomático uruguayo dijo tener informes de que en las cárceles nicaragüenses existen más de 1.000 presos políticos.

“No es posible llevar adelante el sentido humano de la política y ser insensibles a la tortura, al asesinato, a la violación, a la existencia de presos políticos. Es inadmisible cualquier forma de permisividad con esos casos”, insistió.

Ortega, con quien Almagro pactó en 2017 un plan de reformas electorales para dar “transparencia” a los próximos comicios, vetó en agosto el ingreso al país de un “grupo de trabajo” integrado por 12 Estados miembros de la OEA para dar seguimiento a la crisis.

El Gobierno también ha bloqueado el trabajo de expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), adscrita al ente hemisférico, que aseguran no haber recibido información oficial sobre investigaciones forenses, denuncias de asesinatos, detenciones e incluso torturas a detenidos.

También a fines de agosto, Ortega expulsó a una misión de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) que un día antes había presentado un informe muy crítico, en el cual condenó la “represión y represalias” contra manifestantes civiles.

Al discutir por primera vez el tema de Nicaragua en el Consejo de Seguridad de la ONU, diez países (entre ellos Estados Unidos, Francia, Holanda, Reino Unido, Perú y Costa Rica) instaron al presidente de Nicaragua al cese de la represión,Âáel desarme de los grupos paramilitares y la reactivación del diálogo.

Ortega había anunciado que invitaría a la ONU a mediar en otro intento de diálogo nacional. Sin embargo, al ser entrevistado el viernes pasado por la emisora alemana Deustche Welle en Managua, descartó volver a sentarse con la oposición y dijo que ahora trabaja en un diálogo “desde la base”.

En las más recientes manifestaciones sandinistas, en las que el Gobierno movilizó a miles de empleados públicos y agrupaciones barriales, Ortega pronunció encendidos discursos contra lo que llama “el terrorismo golpista, alimentado por el imperio norteamericano”.

“A los Estados Unidos les decimos que si quieren contribuir a la paz, lo mejor que pueden hacer y deben hacer es no meterse con Nicaragua, respetar a Nicaragua”, exclamó el ex guerrillero de 72 años, cuyo primer Gobierno en la década de 1980 enfrentó una guerra de miles de “contras” apoyados por la administración de Ronald Reagan.

La crisis de Nicaragua estalló en abril pasado con una protesta estudiantil y se agravó tras la violenta acción de la Policía y paramilitares contra manifestantes civiles. Según la CIDH, más de 320 personas murieron, si bien ONGs de derechos humanos elevan la cifra a 481 y el Gobierno registra 198 muertes.

Condena

Por otra parte la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA condenó en un comunicado los persistentes ataques contra periodistas y medios de comunicación en Nicaragua, donde el gremio independiente denunció “ataques a las libertades de prensa y expresión” por parte del Gobierno de Daniel Ortega.

“La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH condena la persistencia de amenazas constantes contra la seguridad de los periodistas, vigilancia y presiones políticas a los medios de comunicación en Nicaragua”, señaló en un comunicado la entidad de la Organización de Estados Americanos (OEA).

La Relatoría Especial hizo además un “llamado urgente” al Estado de Nicaragua “a hacer cesar estas acciones y garantizar el libre e independiente funcionamiento de los medios de comunicación en el país”, que vive desde abril su peor crisis política de las últimas décadas.

Según la CIDH, uno de los casos que ha sido constatado por su misión en Nicaragua es el de Canal 10, cuya redacción y gerencia están “bajo presión gubernamental” desde que comenzó la crisis política.

Dicho asedio abarcó a todos los medios de comunicación que tras el inicio de las protestas recibieron “presiones del órgano regulador de las telecomunicaciones para sacar del aire programas percibidos como opositores” y de “restringir la difusión de información sobre los sucesos” que entonces sacudían al país, denunció el organismo.

“La CIDH y su Relatoría Especial para la Libertad de Expresión también han observado con grave preocupación estigmatización, agresiones, seguimientos y ataques contra periodistas y camarógrafos que cubren la crisis” en Nicaragua, añade el texto.

“Los reiterados intentos del Gobierno de controlar a los medios de comunicación a través de presiones y mecanismos regulatorios carentes de independencia representan una grave amenaza a la libertad de expresión”, afirmó el relator especial, Edison Lanza.

Foro de periodistas

Durante un foro celebrado en Managua, decenas de periodistas denunciaron nuevos “ataques a las libertades de prensa y expresión” por parte del Gobierno de Ortega, que dijeron intenta acallar así a los medios de comunicación privados del país.

Invitados por las Fundación “Violeta Barrios”, los periodistas que analizaron la situación de la libertad de expresión en Nicaragua denunciaron además las presuntas pretensiones del Gobierno de monopolizar los medios televisivos del país, al buscar bajo “presiones políticas y financieras” el control de los canales 10 y 12, los únicos independientes en televisión abierta.

“Si Ortega y (su esposa y vicepresidenta Rosario) Murillo lograran cerrar el noticiero Acción 10 (de canal 10) y doblegar al Canal 12, tendrían un control absoluto sobre la televisión nicaragüense” lo que supondría “un duro golpe a la libertad de prensa, a la libertad de expresión y a la libertad de información”, advirtieron los periodistas en un pronunciamiento.

Según el documento, la administración Ortega controla actualmente el estatal Canal 6, el Canal 98 del Parlamento, los canales 19, 22 y la barra noticiosa de Canal 2, mientras que a través del partido gobernante Frente Sandinista es propietario de los canales 4, 8 y 13, estos últimos administrados o dirigidos por los hijos de Ortega.

“Es un golpe a la libertad de expresión porque los nicaragüenses habrán perdido ventanas de expresión libre y de denuncia contra los abusos del régimen Ortega Murillo que desde que regresó al poder en 2007 no ha cejado en su intención de acallar las voces plurales”, indica el texto.

“La dictadura quiere imponer un reino del silencio en donde solo se escuche la voz del régimen y su versión disparatada sobre los hechos, en particular los acontecimientos de los últimos cinco meses”, señalaron los periodistas que condenaron además los “ataques, campañas de difamación, hostigamiento y amenazas de muerte” a más de una veintena de comunicadores.

Fuga de divisas

En tanto, el economista independiente Néstor Avendaño advirtió que la grave crisis política que afecta al país centroamericano ha provocado una “fuga masiva” de 1.054 millones de dólares en depósitos en menos de cinco meses, suma equivalente al 18 por ciento del total de depósitos en manos del sistema financiero nacional.

Según el experto se trata de una situación “peligrosa” que obedece a la “desconfianza que provoca la crisis política” y “rebalsó los límites tolerables”, por que sugirió al Gobierno dar una “respuesta política” para “evitar un mayor daño a la economía” del segundo país más pobre de Latinoamérica.

El economista afirmó que la banca privada de Nicaragua no tiene liquidez para afrontar una fuga acelerada de divisas, lo que obligará al Banco Central a recurrir a las reservas internacionales, hoy calculadas en 2.445 millones de dólares.