Sube la tensión en Venezuela por el arresto de la activista humanitaria Rocío San Miguel

El oficialismo y la oposición de Venezuela volvieron a confrontar este lunes con motivo de la reciente detención de la activista humanitaria Rocío San Miguel, sobre la que el primer sector detalló la supuesta "evidencia" que la incriminaría y uno de sus abogados sostuvo que aún "no le han permitido" designar oficialmente a sus defensores.

El fiscal general, el oficialista Tarek Saab, expuso en conferencia de prensa mapas y computadoras incautados en el allanamiento al domicilio de San Miguel, que según él probarían el vínculo de la detenida con una supuesta conspiración para derrocar al gobierno y asesinar al presidente Nicolás Maduro.

Además, Saab mostró fragmentos de una "orden de operación" confiscada a un militar detenido, también acusado de participar de ese complot, en los que "aparece mencionada explícitamente Rocío San Miguel". El fiscal sostiene que San Miguel "debía hacer enlaces con medios de comunicación" para divulgar "avances de la operación" y "coordinar" la defensa de oficiales involucrados, a través de la ONG Control Ciudadano, que la detenida dirige.

Paralelamente, Joel García, uno de los abogados de San Miguel, afirmó que el domingo último, "por primera vez" desde que la arrestaran el 9 de febrero pasado, "fue autorizada la visita de un familiar", que fue su hija. San Miguel "insiste que no le han permitido el derecho a nombrar la defensa técnica de su confianza", subrayó García en la red social X.

"Dicen que es una espía y no le imputan espionaje"

En otro segmento de su mensaje, García no dudó en replicar a Saab, al señalarle: "No comprendo cómo el fiscal habla de que Rocío San Miguel es una espía, pero no se le imputa espionaje". Además, García sostuvo que los mapas hallados en la casa de la activista "obedecen a que ella, en el siglo pasado fue profesora de la Escuela Superior de Guerra Naval, de la Escuela Superior de Guerra Aérea y de la Escuela Superior de la Guardia Nacional", según el diario digital La Patilla.

San Miguel fue detenida por agentes de inteligencia el 9 de este mes en el aeropuerto internacional de Caracas junto a su hija y simultáneamente con otros cinco familiares, y estuvo desaparecida más de 55 horas, hasta que el gobierno reconoció que la había arrestado. Abogada de 57 años y presidenta de la ONG Control Ciudadano, especializada en el seguimiento de asuntos militares, San Miguel es además defensora de los derechos humanos y una de las analistas políticas más respetadas en Venezuela.

Crítica de los gobiernos de Nicolás Maduro y del antecesor de este, Hugo Chávez, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó en 2012 medidas cautelares de protección a San Miguel y a su hija. En 2004, San Miguel fue despedida de un cargo en el Consejo Nacional de Fronteras en el contexto de las represalias gubernamentales a ciudadanos que habían firmado para solicitar un referendo revocatorio de Chávez.

Por ese motivo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) condenó al Estado venezolano a reparar a San Miguel y otras personas que perdieron sus trabajos por motivos similares, y el 1 de este mes exhortó a Caracas a que cumpliera esa sentencia.

Sigue sin confirmarse fecha para las presidenciales

Representantes del gobierno de Nicolás Maduro y la oposición mayoritaria de Venezuela conversaron por primera vez este lunes, con el propósito de "alcanzar un consenso sobre la fecha de las elecciones presidenciales" que deben celebrarse este año, pero sin llegar a conclusiones definitivas, informaron fuentes de ambas partes.

"La delegación de la Plataforma Unitaria hizo una propuesta general" para el "desarrollo" de los comicios y "será atendida con la misma fuerza, el mismo vigor con que han sido atendidas todas las propuestas que se han presentado hasta el momento", afirmó el presidente de la Asamblea Nacional (AN, parlamento con amplia mayoría chavista), el oficialista Jorge Rodríguez.

En tanto, el jefe de la delegación de la Plataforma, Gerardo Blyde, dijo que su sector propuso que las elecciones se realicen en diciembre, pero advirtió que "no se concretó en lo absoluto todavía una fecha concreta". Rodríguez y Blyde, que además encabezan las delegaciones de ambos sectores que desde hace varios años mantienen, con escasa continuidad, un diálogo mediado por el gobierno de Noruega y facilitado por un pequeño grupo de países.

El jefe del parlamento destacó que la de este lunes fue una más de las reuniones que mantuvo en las últimas semanas con representantes de diversos sectores sociales y de partidos políticos pequeños, la mayoría de estos señalados como afines o funcionales al gobierno por la Plataforma y numerosos analistas. "Ha habido una amplia gama de propuestas de fechas" que "van a permitir un análisis profundo y, probablemente, conseguir una fórmula de consenso", dijo Rodríguez.

En tanto, Blyde afirmó que aceptó esta reunión solo porque los facilitadores estuvieron presentes y subrayó que consignó por escrito violaciones del acuerdo alcanzado en octubre pasado y una escalada de "represión" con inhabilitaciones políticas y arrestos.

Cuatro meses atrás, en la isla caribeña de Barbados, representantes oficialistas y de la Plataforma acordaron la realización de elecciones competitivas y con observación internacional en el segundo semestre de este año, así como el levantamiento de las inhabilitaciones que pesan sobre decenas de dirigentes y la liberación de los cientos de opositores presos.

Sin embargo, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ, bajo control del chavismo) ratificó recientemente que está inhabilitada la exdiputada María Corina Machado, que a fines de octubre ganó con más de 92% de los votos las elecciones primarias en que la Plataforma eligió su candidato presidencial para este año.