Fernando Villavicencio se declaraba independiente y desmentía que fuera cercano a Lasso, pese a que sectores afines al expresidente Rafael Correa lo señalaron como tal, llegó a postularse a la jefatura del Estado después de una corta carrera política y una larga trayectoria en la vida pública.
Fue miembro de la AN entre 2021 y 2023, período en el que presidió la Comisión de Fiscalización y Control Político, y actuó allí de manera independiente, sin vincularse con ninguna de las bancadas.
Impulsó investigaciones, sobre todo en temas petroleros, a los gobiernos de Correa, Lenín Moreno y al actual de Lasso.
Su mayor investigación como asambleísta fue en el caso Petrochina, en el que denunció un esquema de corrupción en la intermediación petrolera, y su último trabajo como tal fue la dirección del juicio político a Lasso.
En ese papel, fue criticado duramente por el correísmo por una supuesta cercanía con el gobierno, pero él se defendió acusando a la oposición de actuar sin pruebas.
En la AN dirigió el Frente Parlamentario Anticorrupción, desde donde presentó también varias denuncias, entre ellas, de supuestos vínculos de candidatos locales con el narcotráfico.
Antes de su acceso a la política, que inició como líder sindical de la empresa estatal Petroecuador, Villavicencio se desempeñó como comunicador.
Durante el gobierno de Correa fue asesor del entonces asambleísta Cléver Jiménez, del partido indigenista Pachakutik.
Jiménez y Villavicencio presentaron varias denuncias contra Correa, sobre todo relacionadas con el negocio petrolero.
En 2014, junto al médico Carlos Figueroa, denunciaron al entonces mandatario por supuestos delitos de lesa humanidad, por la incursión de militares en el Hospital de la Policía el 30 de septiembre de 2010, día en que Correa denunció un golpe de estado contra él.
Esa denuncia fue declarada "maliciosa y temeraria", por lo que Correa demandó posteriormente a Jiménez, Villavicencio y Figueroa, quienes fueron sentenciados a 18 meses de prisión que nunca cumplieron, pues se refugiaron en un pueblo indígena de la Amazonia y regresaron a la vida pública cuando la pena prescribió.
Tras este episodio, Villavicencio se dedicó a trabajar como periodista de investigación en distintos portales.
El caso más sonado fue el de Arroz Verde, que derivó en el proceso judicial conocido como caso Sobornos 2012-16.
Así quedó la escena del crimen, tras la impactante muerte del candidato presidencial. Crédito: Reuters.
En este caso, Villavicencio y Zurita denunciaron un esquema de corrupción durante el correísmo mediante el cual las empresas pagaban sobornos para ganar contratos, y ese dinero era utilizado para financiar campañas electorales.
La principal acusada fue Pamela Martínez, exasesora de Correa, y el expresidente recibió una sentencia de ocho años, por el delito de cohecho.
En septiembre del año pasado, la casa de Villavicencio fue baleada pero él sorteó aquel ataque, y en esta campaña hacia las elecciones del domingo 20 era el único candidato que no había aceptado la custodia policial que el gobierno ofreció a los postulantes.
Como antecedente del crimen de Villavicencio, hace poco también fue víctima de un hecho similar Agustín Intriago, quien era el alcalde de Manta, la tercera mayor ciudad del país, que fue asesinado el 23 de julio pasado en un ataque armado en el que además falleció una mujer que lo acompañaba y quedaron heridas otras cuatro personas.
De perfil ecologista, Intriago pertenecía al partido local Mejor Ciudad.
En tanto, el 16 de julio fue asesinado el candidato a diputado Rider Sánchez Valencia, de Actuemos, la coalición que postula a la presidencia al exvicepresidente Otto Sonnenholzner.
Villavicencio quería llegar a ser presidente de Ecuador. Crédito: Reuters
Video intimidante
Con el correr de las horas se viralizó por redes sociales un video donde se ve a un grupo numeroso de personas con el rostro cubierto y un mensaje intimidante. Quien tomó la palabra, aseguró que el crimen del candidato fue autoría de "Los Lobos", una organización criminal de ese país.
"Queremos dejar en claro que cada vez que los políticos corruptos no cumplan con su promesa que establecemos cuando llevamos nuestro dinero, que son millones de dólares para financiar su campaña, serán dados de baja", se escucha decir.
Según el sitio especializado InSight Crime, Los Lobos se han constituido como la segunda agrupación delictiva más numerosa de Ecuador, con más de 8.000 miembros distribuidos en las prisiones del país. El grupo ha participado en varias sangrientas masacres carcelarias en Ecuador, que dejaron más de 315 reclusos muertos solo en 2021.
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