Tras los reiterados y prolongados cortes de luz a finales de 2021 y comienzos de 2022, el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) ordenó aplicar una sanción a la empresa Edesur por una suma superior a 400 millones de pesos.
Tras los reiterados y prolongados cortes de luz a finales de 2021 y comienzos de 2022, el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) ordenó aplicar una sanción a la empresa Edesur por una suma superior a 400 millones de pesos.
La penalidad obliga a la compañía concesionaria a bonificar por $ 10.325 a cada uno de los usuarios que se vieron afectados por cortes del suministro entre el 27 de diciembre y el 4 de enero pasados.
La sanción fue establecida a través de la Resolución 8 del organismo que dirige Soledad Manin, por medio de la cual se aplica la bonificación de Corte Prolongado y Reiterado a la totalidad de los afectados.
El informe difundido por el ENRE cataloga la respuesta y la atención brindada por EDESUR como "deficiente" y se atribuye a una reducción del 50% de las cuadrillas para la solución de reclamos.
El análisis realizado por los técnicos del ente determinó que, en promedio, la empresa cuenta con 1 cuadrilla cada 7.82MW de demanda y 4.704 personas usuarias", explicó el ente regulador.
"Por la vulneración de los derechos de las personas usuarias, se ordenó aplicar la bonificación de Corte Prolongado y Reiterado a la totalidad de los afectadas por cortes", remarcó el ENRE a través del comunicado.
Asimismo, destacó: "Este Ente considera que la deficiente gestión operativa del grupo controlante de la empresa Edesur es el principal factor que repercute en el constante incumplimiento de la concesionaria de los parámetros básicos fijados para la atención a la persona usuaria de los servicios públicos en la Argentina".
Edesur tendrá un plazo máximo de cinco días para realizar la presentación de la nómina completa de usuarios, la cual quedará sujeta al análisis del ENRE, encargado de regular la bonificación.
Por último, el organismo se comprometió a seguir trabajando en el camino de "propender a la continuidad y normal prestación de los servicios públicos, garantizando los derechos de las personas usuarias y la seguridad ciudadana".