Alberto Fernández vuelve a mediación por un nuevo reclamo de alimentos de Fabiola Yáñez
La Justicia podría embargar parte de la jubilación de privilegio de Fernández, mientras Yáñez solicita una pensión que cubra los gastos de su hijo en Madrid.
Alberto Fernández vuelve a mediación por un nuevo reclamo de alimentos de Fabiola Yáñez
Este miércoles, Alberto Fernández deberá presentarse a una nueva mediación en el juicio por alimentos iniciado por Fabiola Yáñez. La ex primera dama busca asegurar la manutención de su hijo Francisco, lo que podría impactar en los ingresos que el expresidente recibe por su jubilación de privilegio, que ronda los 14 millones de pesos mensuales.
La abogada de Yáñez, Mariana Gallego, está intentando llegar a un acuerdo extrajudicial que cubra todos los gastos de su hijo, quien actualmente vive con su madre en Madrid. Hasta ahora, Fernández destina el 30% de su jubilación a la cuota alimentaria, pero Fabiola reclama que esa cifra se ajuste a las necesidades reales, incluyendo la prepaga médica, el alquiler y los gastos educativos. Se estima que el monto mensual solicitado supera los 1.000 euros.
En la primera audiencia, Fernández no hizo comentarios sobre estos puntos, lo que deja la puerta abierta a un acuerdo en la nueva mediación. Por su parte, Yáñez estaría dispuesta a ajustar los gastos y mudarse a una vivienda más económica para no sobrepasar el presupuesto del exmandatario.
Fernández, quien dejó la Casa Rosada en 2023, percibe una jubilación bruta de 14 millones de pesos, aunque en mano recibe cerca de 10 millones. Además, se le otorgó un retroactivo de más de 32 millones de pesos tras una resolución de ANSES.
El caso se mantiene bajo reserva judicial, y el juez Raúl Montesano deberá resolver sobre los reclamos de Yáñez en los próximos días.
Otros frentes judiciales
Este no es el único proceso que enfrenta Alberto Fernández. El expresidente está también involucrado en una causa por violencia de género, iniciada por la propia Yáñez en Comodoro Py. En esta denuncia, lo acusa de lesiones leves y graves, abuso de poder y amenazas coactivas. Según el fiscal Ramiro González, los hechos de violencia habrían comenzado en 2016 y se habrían extendido hasta este año, tanto en Buenos Aires como en Madrid.