Córdoba: condenaron al falso médico que trabajó en un hospital durante la pandemia

El joven que se hacía pasar por médico y trabajó durante la pandemia en el Centro de Operaciones de Emergencias (COE) de Río Cuarto, Córdoba, fue condenado a siete años de prisión por cometer más de seis delitos.

Ignacio Martín, ejerció ilegalmente la medicina a la edad de 19 años, sin contar con los títulos requeridos, en pleno apogeo de la pandemia de COVID-19.

Durante el juicio, el joven, que ahora tiene 22 años, enfrentó cargos por homicidio simple con dolo eventual, lesiones graves, ejercicio ilegal de la medicina, uso de documentos privados falsos, defraudación calificada reiterada, falsedad ideológica reiterada continuada y defraudación calificada en grado de tentativa.

La fiscal de Cámara María del Rosario Fernández López y el fiscal Pablo Jávaga habían solicitado inicialmente una pena de nueve años de prisión.

Sin embargo, el tribunal decidió absolver al acusado de la figura de homicidio, pero lo condenó por los demás delitos, imponiendo una pena de siete años de cárcel.

Durante la sentencia, se informó que toda la información y evidencia recopilada se remitirá a la Fiscalía de Cuarto Turno de Río Cuarto para determinar si hay más personas involucradas en el caso.

El abogado defensor de Martín celebró la absolución por el cargo de homicidio, pero consideró la pena otorgada como "excesiva". Por otro lado, el abogado querellante destacó que el tribunal "no consideró la solicitud de la Fiscalía".

Por lo tanto, los fiscales y el defensor presentarán una solicitud al Tribunal Superior de Justicia para que el joven de 22 años también sea considerado culpable por la muerte de un paciente.

Ejercicio ilegal de la medicina

Martín llegó a ser jefe del Centro de Operaciones Tácticas (COT) en 2020, una unidad del COE, a pesar de carecer de las credenciales necesarias. Fue incorporado al sistema debido a la urgencia causada por la pandemia de COVID-19.

Hasta diciembre de ese año, sin la acreditación requerida, realizó guardias, atendió pacientes, recetó medicamentos, participó en capacitaciones y emitió certificados de buena salud.

Sin embargo, su engaño fue descubierto cuando el Ministerio de Salud inició los trámites para la firma de un contrato y se percataron de la falsificación de documentos.

A partir de entonces, surgieron denuncias de pacientes, incluida una grave acusación por la muerte de Nicolás Alejandro Bertol, un joven de 29 años con una cardiopatía congénita que había estado en contacto cercano con un caso positivo de COVID-19.