Arminda Banda Oxa, la exempleada doméstica de la directora del INADI Victoria Donda que el año pasado la había denunciado por ofrecerle planes sociales, causa que terminó en el sobreseimiento de la funcionaria, ahora le inició un juicio laboral por casi un millón de pesos.
Indemnización
La exempleada de Victoria Donda la demandó por casi un millón de pesos
La mujer de 60 años reclamó por 10 años de trabajo en negro, diferencias salariales y despido. La funcionaria la tuvo registrada con el mismo sueldo desde 2016 y no le pagó varios meses de la cuarentena.
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En la actual demanda, Banda Oxa le reclama una indemnización de $ 827.518, más intereses, por haberle pagado en negro durante 10 años, entre 2007 y 2016. También basa su pedido en que tras haber sido regularizada en 2016, la funcionaria fijó su salario en 5000 pesos mensuales durante cinco años, sin prever aumento alguno y detalla en la demanda que durante los primeros meses de 2020, cuando comenzó la pandemia, no recibió remuneración durante cinco meses.
La demanda se presentó ante el Tribunal de Trabajo para el Personal de Casas Particulares, según el expediente N°2021-79537955.
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Con respecto a la falta de pago en los primeros meses del aislamiento social preventivo y obligatorio (ASPO), en la demanda se detalla: “A partir de dicha medida [ASPO] y atento a la falta de prestación de servicios, la empleadora comienza a no abonar mis salarios (ni siquiera la parte que se hallaba registrada por debajo de los salarios mínimos legales), motivo por el cual incrementé mis quejas verbales a fin de solucionar los incumplimientos que me aquejaban”.
Además, prosigue: “Sorprendió la negativa de Donda Pérez a abonar mis insuficientes salarios durante el período de restricciones, toda vez que la demandada no sufrió restricción salarial alguna y, además, contaba con libertades para movilizarse y cancelar mis salarios sin inconveniente alguno, dada su condición de funcionario público”.
Si bien en el documento legal se indica que finalmente Donda le pagó 10.000 pesos por los meses de marzo y abril, se denuncia: ”Intentó convocarme a prestar servicios (a pesar de la prohibición legal imperante), señalando que podía trasladarme en el vehículo oficial que el INADI pone a disposición de la Sra. Donda Pérez, toda vez que se encontraba vedado el acceso al transporte público para mi actividad”.
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La causa en 2020
La nueva demanda se da tras haber fracasado la conciliación obligatoria entre ambas partes luego de que Banda Oxa denunciara a Donda en diciembre del año pasado por haberle ofrecido un resarcimiento económico con un plan social y un cargo en el Estado para que renunciara a su trabajo, en vez de un aumento de su salario.
En esa causa, el sobreseimiento de la titular del INADI quedó firme y sin posibilidad de ser revisado, hace dos semanas. Es que Donda ya había sido sobreseída por el juez federal Sebastián Casanello al entender que no se había configurado el delito de defraudación porque la situación no había pasado de un ofrecimiento mediante un intercambio de WhatsApp, sin que se tradujera en ningún hecho concreto.
El fiscal Guillermo Marijuan apeló esa decisión de Casanello y el caso llegó a la Cámara Federal. Pero el fiscal de Cámara José Luis Agüero Iturbe, con similar criterio al de Casanello, desistió de la apelación.
Arminda Banda Oxa el año pasado, en plena pandemia, le planteó a la funcionaria pública que necesitaba regularizar su situación previsional para acceder a una jubilación. La respuesta que había recibido, de acuerdo a la denuncia penal, fue la oferta de un cargo público y un plan social, algo que se confirmó por los mensajes de WhatsApp que se intercambiaron y que la misma Donda admitió al decir que “le dio una opción” y que era “una manera de ayudarla”.
Así, rechazó el reclamo, por lo que el 12 de enero de 2021 Banda Oxa se consideró “injuriada y despedida”.
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