El Gobierno decidió que no asistirá a los varados en el exterior

El gobierno nacional tomó una posición determinante frente a la situación que viven las personas que salieron del país en los últimos meses y quieren regresar, pero sus vuelos fueron reprogramados como consecuencia de la significativa baja en el cupo de pasajeros que pueden ingresar que la Argentina según el último DNU: no los asistirá.

El último decreto firmado por el presidente Alberto Fernández determinó que el cupo de ingreso diario se reduzca de 2000 a 600 pasajeros, lo que obligó a las aerolíneas a reprogramar los vuelos y a los argentinos que querían volver al país a reorganizar su vida en el exterior.

El Gobierno no hará gestiones para repatriarlos ni los asistirá económicamente. Tampoco les facilitará la logística para que puedan estar más cómodos en la espera que les toque llevar adelante. Los que quedaron varados en el exterior deberán esperar a que las aerolíneas les den opciones para volver al país y se tendrán que pagar los costos que les genere esa demora.

Hay dos argumentos que sostienen la posición oficial: los reiterados avisos públicos por parte de los funcionarios del Gobierno recomendándole a la gente que no salga del país y advirtiéndoles que en algún momento podían existir medidas restrictivas que compliquen su regreso, y la declaración jurada que cada pasajero firma al viajar en la que asume el riesgo de que haya cambios en el plan estipulado.

“La salida del país implicará la aceptación y asunción de las consecuencias sanitarias, legales y económicas derivadas de la misma y del eventual reingreso a la Argentina, luego del cual deberá darse cumplimiento a las condiciones impuesta por la autoridad sanitaria nacional y someterse al control de las autoridades provinciales, municipales y de la Ciudad de Buenos Aires”, dice la declaración jurada que todo aquel que sale del país firma desde el 25 de diciembre de 2020.

“Administramos incertidumbre en lo que respecta a la pandemia. Hace tiempo que le venimos diciendo a la gente que no le recomendamos la salida del país porque las condiciones sanitarias pueden cambiar abruptamente. Fue lo que sucedió”, explicaron en Balcarce 50.

En el Gobierno sostienen que la gente que tuvo que reprogramar su regreso es parte de un “universo ínfimo” respecto a la población total del país. Es una realidad. En los últimos 120 días salieron del país cerca de 107.000 argentinos, de los cuales el 40% manifestó que lo hacía por turismo. No es obligación informar el motivo, pero algunos igual decidieron explicitarlo.

De ese total, 28.700 están en Estados Unidos, 27.500 en España, 5.900 en Uruguay, 5.500 en Chile y 5.000 en Francia. Según los datos que manejan en el Gobierno, el 30% está residiendo en el exterior. Es decir que la suma que pretende volver al país se reduce ampliamente.

En el oficialismo sostienen que en esta oportunidad no hay varados, sino personas que deben reprogramar sus vuelos. La diferencia está anclada en la imagen que quedó en la sociedad respecto a quienes se quedaron varados en distintas ciudades del mundo cuando en el 2020 Alberto Fernández decidió cerrar las fronteras y suspender los vuelos con el fin de frenar el ingreso del Covid-19.

En esa oportunidad el gobierno nacional coordinó la repatriación de los argentinos que estaban en el exterior, les brindó un auxilio económico y se encargó de agilizar el regreso. En ese momento, afirman en el oficialismo, la pandemia modificó toda la vida en unos pocos días. Ahora, en cambio, todas las personas que decidieron irse sabían que lo hacían en el medio la segunda ola de coronavirus.

Los nuevos varados no tienen fecha de regreso definida y en la Casa Rosada no descartan que la medida se extienda cuando el 9 de julio venza el DNU que entró en vigencia el último viernes. En ese contexto su futuro es incierto. El Gobierno no cambiará de parecer y los argentinos en el exterior tendrán que gestionar su regreso buscando acceder a los pocos lugares que están disponibles.

La restricción que llevó adelante el Gobierno está vinculada al temor que existe por el ingreso de la variante Delta al país. Hasta el momento solo hay tres casos que fueron aislados. El objetivo que tiene el Ministerio de Salud es retrasar el ingreso para evitar que haya circulación comunitaria de esta cepa, procedente de India, que resultó ser supercontagiosa. “Tarde o temprano va a ingresar. Solo podemos demorar ese ingreso”, sostienen cerca de Carla Vizzotti.

En la Casa Rosada entienden que si la cepa ingresa en pleno invierno, cuando el volumen de vacunación está escalando, pero aún solo el 35% de la población está vacunada con una sola dosis, podría generar una tercera ola y, eventualmente, llevar al sistema sanitario al borde del colapso en muy pocos días.

La circulación comunitaria de la cepa Manos generó el mayor pico de contagios que hubo desde que comenzó la pandemia. El 27 de mayo Argentina registró en 24 horas 41.080 casos de COVID-19. Lo que sobrevino a ese momento fue el aumento exponencial de las muertes. En el Gobierno quieren evitar que la variante Delta genere una situación similar.

El nuevo conflicto con los varados también dio lugar a la disputa política. Un grupo de diputados de Juntos por el Cambio, entre los que se destacan el presidente de la UCR Nacional, Alfredo Cornejo, y el titular del bloque PRO en la Cámara baja, Cristian Ritondo, presentaron un proyecto de ley para evitar que se limite el ingreso de los argentinos al país.

“Inconstitucionalmente se opta por medidas de restricción y cierre que no podrán tener solución de continuidad ante los daños que desde la fecha de emisión de la medida la misma está provocando. Un Estado inteligente es el que controla efectivamente. El Estado bobo solo prohíbe o restringe”, indicaron en el proyecto.

Le solicitaron al Gobierno que “garanticen la fluidez del tránsito autorizado respetando los vuelos programados a la luz de la normativa vigente” y señalaron que “ante la necesidad de mayores y más eficientes controles, el Gobierno Nacional, en un reconocimiento implícito de su incapacidad comprobada al efecto, opta por vulnerar derechos constitucionales de la ciudadanía”.

La oposición marcó la cancha en un medio de un clima electoral que desde la política intentan disimular. En los próximos días darán el debate público. Irremediablemente también comenzarán los cruces, las chicanas y las acusaciones ruidosas.

Alberto Fernández decidió endurecer su postura frente al reclamo los argentinos que no pueden volver al país en el momento que lo tenían estipulado. El gobierno nacional puso sobre la mesa los reiterados avisos que se hicieron y no se mueve un centímetro de su postura. La oposición jugó su carta. El conflicto recién arranca.