Miércoles 9.12.2020
/Última actualización 21:44
El juez federal Sebastián Casanello le remitió a su colega María Eugenia Capuchetti una denuncia para que se investiguen supuestas irregularidades en la búsqueda del submarino ARA San Juan, tras constatar que la magistrada tenía una causa anterior y más avanzada en la que se analizan hechos similares, informaron fuentes judiciales.
Casanello tomó la decisión en relación a la denuncia presentada por la abogada Valeria Carreras, representante de la querella mayoritaria de familiares de tripulantes del ARA San Juan, en la que se aseguró que el gobierno de Mauricio Macri supo la ubicación de la nave pocos días después del hundimiento, pero no actuó en consecuencia.
En la causa que tramita en el juzgado a cargo de la jueza Capuchetti, con intervención del fiscal Federico Delgado, se investigan las posibles irregularidades ocurridas en el trámite de la contratación directa 4/2018 a través del sistema Comopr.ar mediante la cual se sugirió la pre-adjudicación de Igeotest Geosciences SL para la búsqueda del submarino que había desaparecido el día 15 de noviembre de 2017.
“Entiendo que corresponde declinar la competencia de este Juzgado en la presente causa CFP 8941/2020 por estrictas razones de conexidad y, en consecuencia, remitir los actuados a la Secretaría N° 9 del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N°5, para que sean acumulados a la causa CFP 9629/2018”, sostuvo el juez Casanello en el fallo emitido el 30 de noviembre que se conoció hoy.
Ambas denuncias fueron presentadas por la abogada Carreras que apunta contra el expresidente Macri y el exministro de Defensa Oscar Aguad por supuestas irregularidades en la búsqueda del submarino.
La letrada aportó en una de sus denuncias artículos periodísticos que incluyen declaraciones del excomandante del buque chileno Cabo de Hornos, el capitán de navío retirado César Miranda, quien días atrás dijo tener la “certeza” de que el 26 de noviembre de 2017, 11 días después del último contacto del Ara San Juan, detectaron su ubicación.
"Cuando (el 17 de noviembre de 2018) sale el anuncio de que una empresa (Ocean Infinity de EEUU) lo había ubicado (un año después de que desapareciera), me llamó la atención que la locación que entregó era extremadamente cercana, por no decir la misma, que nosotros reportamos. ¿Qué razones motivaron a mantener esta información en stand by? lo desconozco", indicó Miranda en una entrevista a El Mercurio de Chile, citada en la presentación judicial.
Las declaraciones de Miranda coinciden con los dichos del contralmirante retirado, Luis Enrique López Mazzeo, quien se encuentra imputado en la causa por el hundimiento del navío y hace un mes sostuvo ante la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia que a pocos días del hundimiento del submarino, Argentina había recibido información sobre su ubicación de parte del buque chileno.
Según pudo indagar Télam, existe la sospecha entre quienes siguen la causa de que el gobierno de Macri pudo haber estado interesado en dejar de lado el dato aportado por Chile para contratar igual a una empresa estadounidense que se dedicara a la búsqueda del submarino.