El Gobierno trabaja en la elaboración de un DNU para poner en marcha la jubilación anticipada para quienes tienen los años de aporte y se quedaron sin trabajo. Así, se avanza en la letra chica del decreto que habilitará la posibilidad de jubilarse a los 55 años, en el caso de las mujeres, y a los 60, en el de los varones, siempre que ya tengan 30 años de aportes previsionales.
En diálogo con CYD Primera Mañana el abogado previsional Enrique Gómez Cochia explicó que “es una vieja herramienta de política de seguridad social” y consideró que “debería estar instrumentado en una reforma del sistema que se viene prometiendo, una reforma estructural, para que los Poderes Ejecutivos- a través de decretos- pudieran regular el trabajo” dado que “también se utiliza el régimen de retiros anticipados cuando el mercado se encuentra necesitado de incorporar gente joven a la masa laboral”.
Respecto del número de personas que serían alcanzadas por este decreto, el profesional sostuvo que “por lo que se sabe, y bastante desordenado, se habla de entre 20 y 30 mil personas” y aclaró- a la luz de la polémica sobre un posible desfinanciamiento de la Anses- que “el Fondo de Garantía y Sustentabilidad invierte en plazos fijos, tiene en estos momentos casi 80 mil millones de pesos la Anses colocados a plazos fijos, es decir, es muy marginal el costo de las estas jubilaciones anticipadas donde sabemos que los haberes jubilatorios son magros, a lo sumo llegaremos a los 30 mil pesos y un segundo de esos plazos fijos que tiene Anses alcanza para cubrir el costo de esta medida”.
“Desde el punto de vista técnico, es una herramienta de muy bajo costo y que cubre necesidades, no sé si de los 20 o 30 mil pero de gente que sí que está en esa situación: no tiene la edad jubilatoria, está desocupado y tiene los 30 años de aporte, es decir que ha sido un contribuyente solidario”, remarcó.