A través de la resolución 361/2023 publicada en el Boletín Oficial, el gobierno nacional prorrogó el presupuesto 2023 y reasignar fondos para el transporte del interior del país.
La medida busca brindar asistencia financiera inmediata a los servicios de transporte automotor y garantizar su continuidad.
A través de la resolución 361/2023 publicada en el Boletín Oficial, el gobierno nacional prorrogó el presupuesto 2023 y reasignar fondos para el transporte del interior del país.
En respuesta a la necesidad de brindar asistencia financiera inmediata a los servicios de transporte público automotor urbano y suburbano en el interior del país, se ha dispuesto una prórroga de la Resolución N° 86 de febrero de 2023 y su modificatoria Resolución N° 334 de junio de 2023, ambas emitidas por el Ministerio de Transporte.
Mediante esta prórroga, se busca garantizar la continuidad y vigencia del convenio año 2023, con las respectivas adendas, enmarcadas en la Ley N° 27.591 y prorrogado por el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 882 de diciembre de 2021, así como el artículo 81 de la Ley N° 27.701 y su reglamentación por la Resolución N° 86 de febrero de 2023 y sus normas concordantes, complementarias y modificatorias.
Según lo establecido en la cláusula segunda de la adenda, la jurisdicción se compromete a distribuir los fondos transferidos por el Ministerio de Transporte a las empresas prestadoras del servicio público por automotor de pasajeros. Esta distribución se realizará de acuerdo con las pautas establecidas, donde los estados provinciales y/o municipales deberán transferir los montos recibidos a las empresas dentro de los dos días hábiles siguientes a la acreditación de los fondos en las cuentas especiales informadas.
Asimismo, en la cláusula tercera se establece que la jurisdicción también se compromete a aportar al sistema de transporte de pasajeros urbanos y suburbanos por automotor, ya sea en dinero o en especie, un monto igual a los aportes girados por el Estado Nacional en el marco del convenio. Esto tiene como objetivo garantizar la sustentabilidad de los servicios de transporte automotor de pasajeros involucrados en esta medida.
En virtud de esta prórroga, el plazo de vigencia del convenio y su adenda se extiende hasta el mes de junio de 2023, inclusive, según lo acordado en la cláusula quinta.
Con esta medida, se busca brindar apoyo financiero y asegurar la continuidad de los servicios de transporte público automotor urbano y suburbano en el interior del país, priorizando la accesibilidad y comodidad de los usuarios en sus desplazamientos diarios.
El martes hubo paro de colectivos en la ciudad de Santa Fe. El eje central es la escasez de subsidios por parte de Nación y la paritaria salarial, dos elementos centrales a definir. Al indicador de los subsidios se le agrega el incremento en la tarifa plana, que en esta capital es inminente: resta que el Sistema Único de Boleto Electrónico (SUBE) notifique al municipio la actualización, que ya está autorizada, previo dictamen del órgano de control local. Hoy un boleto con SUBE cuesta 99 pesos en esta capital, y pasará a valer 120 pesos. Estos dos elementos (subsidios y tarifa) son las bases de financiamiento del sistema.
Si se sigue la letra del acta emitida luego de la frustrada audiencia de este lunes, tras la cual no hubo acuerdo y todo derivó en el paro de colectivos, pueden leerse las necesidades e intenciones de cada sector involucrado.
Por ejemplo, los empresarios del transporte agrupados en la Federación Argentina de Transportadores por Automotor de Pasajeros (Fatap), sostuvieron que hay “voluntad de alcanzar un acuerdo”, pero ello “sólo será posible en tanto se supere la imposibilidad material de avanzar en negociaciones que generen impacto económico en la actividad, causada por la insuficiencia de ingresos (subsidios y corte de boletos) que impide contar con condiciones de sustentabilidad y previsibilidad económica”.
En tanto la UTA manifestó que resulta indispensable reencauzar la paritaria salarial: “Lo trasladamos a esta mesa de discusión y a la negociación colectiva. En un contexto como el actual, “sin una protección convencional extraordinaria, en determinados grupos empresarios el beneficio normativo se volvería virtualmente inaplicable”. El sindicato insistió en el cumplimiento normativo del articulado de la Ley de Contrato de Trabajo que versa sobre los derechos de recomposición salarial.
A propósito de la negociación paritaria con la UTA, los empresarios emitieron un comunicado donde sostienen que ésta se encuentra “severamente condicionada por la insuficiencia de recursos que permitan a esta representación empresarial asumir compromisos salariales sustentables en el tiempo”.