La Secretaría de Derechos Humanos de la Nación señalizó este fin de semana el lugar de la ciudad de Córdoba donde, la madrugada del 6 de agosto de 2020, efectivos policiales de un puesto de control balearon al adolescente de 17 años Valentino Blas Correas, y por cuyo crimen están imputados 13 policías.
La placa de señalización de “memoria, verdad y justicia” reconoce y visibiliza al lugar como sitio del accionar de violencia institucional, que contiene la foto de la víctima y datos del hecho ocurrido, y fue colocada en la intersección de avenida Vélez Sarsfield y Romagosa, en la zona sur de la capital cordobesa.
La ceremonia estuvo a cargo del director de Políticas contra la Violencia Institucional, Mariano Przybylski, en representación del secretario de Derechos Humanos de la nación, Horacio Piegtragalla Corti, quien por su cuenta de Twitter había informado su imposibilidad de concurrir porque presentaba síntomas compatibles con Covid-19.
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“Valentino Blas Correas fue asesinado por efectivos de la policía de Córdoba en agosto del 2020. Un abrazo enorme a su familia y seres queridos en este día tan especial, seguiremos reclamando justicia. Argentina unida contra la violencia institucional”, había tuiteado Pietragalla Corti.
Soledad Laciar, madre de la víctima, participó de la actividad y manifestó a los medios locales:
"Quisiera que mis hijos recurran a la policía sin miedo cada vez que precisen ayuda”, remarcó.
El homicidio de Correas ocurrió en la madrugada del 6 de agosto del 2020 cuando, junto a cuatro amigos y compañeros de colegio, circulaban en un automóvil luego de reunirse en un bar.
Según la investigación, en medio de las restricciones por la pandemia de coronavirus los jóvenes evadieron un control policial en la zona sur de la ciudad de Córdoba.
Los policías dispararon varios tiros, de los cuales cuatro impactaron contra el automóvil, uno de ellos ingresó por la luneta y se incrustó en el omóplato de Valentino, quien iba en la parte de atrás y murió a causa de la herida, en tanto otro proyectil causó heridas a otro de los ocupantes del vehículo.
Los 13 policías, con distintos grados de participación, están acusados por los delitos de “homicidio agravado por el uso de arma de fuego, abuso de autoridad calificada, encubrimiento, falso testimonio y omisión de los deberes de funcionario público”.
En tanto, tres empleados del sanatorio Aconcagua, están imputados por "abandono de persona" al negarse a atender a Blas cuando sus amigos lo llevaron gravemente herido.