El reciente incidente en la construcción de la planta de aulas del colegio La Salle Jobson -un peligroso desprendimiento de mampostería, con los alumnos en el establecimiento- debe servir como una llamada de atención, inexcusable y urgente, sobre la imprudencia y la falta de precaución en las obras que se encaran en instituciones educativas.
Aunque afortunadamente no hubo víctimas, es necesario abordar este hecho con la misma vehemencia que si hubiera habido pérdidas humanas, porque el riesgo estuvo allí, latente. Y porque no debería ser la suerte el principal aliado a la hora de resguardar la seguridad de nuestros niños y jóvenes.
El problema ocurrió durante el hormigonado de una viga a unos 10 metros de altura, que terminó colapsando. Si bien se tomaron algunas medidas de precaución, como la instalación de estructuras de chapa y el señalamiento de un perímetro en el patio, estas resultaron insuficientes para evitar el riesgo. Además, es alarmante pensar en la imprudencia de llevar a cabo una tarea de tal envergadura, como verter hormigón, mientras el colegio se encontraba lleno de estudiantes.
Imaginemos por un momento el panorama si la viga hubiera caído 50 minutos antes o una hora más tarde: en ese patio hubiera habido cientos de estudiantes y profesores, expuestos a un peligro inminente y potencialmente mortal. ¿Cuántos heridos o, peor aún, fallecidos, estaríamos lamentando hoy? ¿Qué explicaciones estarían dando las autoridades escolares y la empresa encargada de la obra?
Es crucial aprender de este incidente y tomar medidas inmediatas para garantizar la seguridad en las construcciones escolares. La vida de nuestros niños y jóvenes no puede estar en manos de la suerte o de la improvisación. Es responsabilidad de las autoridades, tanto escolares como municipales y provinciales, y obviamente de la empresa constructora, velar por la correcta ejecución de las obras, cumplir con los protocolos de seguridad y supervisar cada paso del proceso constructivo. Esto incluye también evitar la realización de obras peligrosas mientras los estudiantes se encuentren en el establecimiento.
En este sentido, es imprescindible exigir una investigación exhaustiva del incidente, identificar las fallas y responsabilidades, y aplicar las sanciones correspondientes a quienes hayan incumplido con sus deberes. Además, es fundamental revisar y actualizar los protocolos de seguridad en las obras escolares, así como capacitar a todos los involucrados en la importancia de seguirlos al pie de la letra.
No podemos permitir que un episodio como este vuelva a ocurrir. La seguridad de nuestros niños y jóvenes debe ser siempre prioridad, y no podemos esperar a que una tragedia suceda para actuar con firmeza. Es hora de asumir responsabilidades y garantizar que las obras en las instituciones educativas se realicen con la prudencia, el cuidado y el rigor que la situación requiere.
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