Por Carlos Suárez (*)
El Estado debe acompañar la tarea social de los clubes, poniendo a disposición los recursos profesionales necesarios para este acompañamiento.
Por Carlos Suárez (*)
Por estos días los santafesinos a nuestras preocupaciones cotidianas les sumamos una de índole más social. Fue la noticia que El Clásico, un tradicional club de bowling de nuestra ciudad de un reconocido trabajo social -recordemos por ejemplo que fue sede de programas municipales de inclusión a través de la práctica del deporte-, podía ser rematado por un juicio laboral.
Con el correr de la semana, una Jueza sensible frente a la importancia de este tipo de instituciones pero con la responsabilidad de cumplir su función, encontró los mecanismos para evitar tan determinante solución y a la vez resguardar los derechos de la persona que realizó la demanda. De esta forma, se abrió la puerta a un principio de solución para el conflicto que ponía en peligro al inmueble donde funciona el Club Social y Deportivo El Clásico.
Pero la situación nos lleva a preguntarnos ¿por qué son recurrentes las situaciones con las características de lo que le ocurrió a El Clásico?
Circunstancia compleja de entender si consideramos que hay un acuerdo generalizado en la clase política y dirigencial expresada pública y recurrentemente, sobre la importancia que tienen este tipo de asociaciones deportivas barriales, como dispositivos de contención de jóvenes, como espacios donde se recrean los vínculos de vecindad; en definitiva como un actor central en la dinámica del barrio donde se enclava.
A lo expresado debemos sumarle el hecho que generalmente los riesgos que sufren los clubes provienen del mismo accionar del Estado. En algunos casos por el incumplimiento de requisitos que él prevé, por ejemplo las demoras para obtener la subsistencia de la personería jurídica. En otros casos, porque activa por requerimiento de un tercero un poder contra el club, que se encuentra desprotegido ante estas situaciones.
En el mismo análisis, desde los espacios legislativos se han emitido diferentes niveles de normas que tienden a proteger a los clubes de barrio. Un ejemplo de ello es Ley nacional Nº 27.098, Régimen de Promoción de Clubes de Barrio, que determina entre otras cosas la inembargabilidad de los bienes inmuebles de los clubes. O la ley provincial Nº 13.429, que declara el interés social sobre los inmuebles de los clubes de barrio y los protege. También es un ejemplo la modificación al Reglamento de Ordenamiento Urbano, que a instancias del concejal Leandro González, el Concejo Municipal sancionó y por el cual zonificamos de manera específica los suelos donde se asientan los clubes de barrio, estableciendo que los usos que allí se pueden desarrollar son solamente los compatibles con un club social y deportivo.
Entonces ¿por qué pasa lo que pasa?
Porque en la mayoría de las asociaciones, sean clubes de barrios, vecinales u otras; quienes se suman a participar en ellas lo hacen motivados por sus fines específicos y colaboran en los mismos, por lo que sus ganas y expectativas se canalizan por allí y las cuestiones administrativas, muchas de ellas engorrosas, quedan en manos solo de los directivos o muchas veces de nadie. Allí surgen los problemas. Podemos concluir que la dificultad más importante que tienen muchas asociaciones es tener ordenadas sus administraciones, no por desdén o mala fe, sino porque generalmente sus directivos son polifunción y se abocan a los objetivos del club y no a su administración. Por eso en el mejor de los casos tienen mucha dificultad para obtener la subsistencia de la personería jurídica y en el peor se encuentran con litigios judiciales no abordados.
Es aquí donde entiendo que los Estados tanto provincial como municipal, de manera articulada y coordinada, deben acompañar la tarea social de los clubes, poniendo a disposición los recursos profesionales necesarios para este acompañamiento, pero no de manera ocasional o intermitente. Por el contrario, se deben establecer estructuras orgánicas que tengan por fin específico este acompañamiento profesional, pero que además pueda capacitar en administración a los dirigentes, formando a las personas que manifiestan un altruista interés de trabajar por la sociedad, sea en un club, una vecinal o una simple asociación.
Creo, en definitiva, es necesario que el Estado dé la asistencia técnica mencionada y a través de ella se coordinen todos los mecanismos que tiene disperso, tendiente a proteger a la actividad y bienes de los clubes.
En ese entendimiento, voy a presentar en los próximos días iniciativas en el ámbito municipal, que buscan no solo generar este acompañamiento; sino también fortalecer el trabajo de las asociaciones, para tratar de evitar situaciones como la vivida esta semana con El Clásico.
Generalmente los riesgos que sufren los clubes provienen del mismo accionar del Estado. En algunos casos, por ejemplo, por las demoras para obtener la subsistencia de la personería jurídica.
Muchas asociaciones tienen dificultad en tener ordenadas sus administraciones, no por desdén o mala fe, sino porque sus directivos son polifunción y se abocan a los objetivos del club y no a su administración.
(*) Concejal de la ciudad de Santa Fe